La pandemia de coronavirus está poniendo a prueba nuestro Derecho. Esta semana un juez rechazaba ratificar la orden dictada por la Comunidad de Madrid para aplicar las últimas medidas consensuadas frente al coronavirus, desde la prohibición de fumar si no se respetan los 2 metros de distancia, al cierre del ocio nocturno, lo que ha generado incertidumbre en el sector y en el propio Gobierno regional, que finalmente ha dicho que recurrirá.

La clave del auto radica en una frase; "desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma".

Hay un desajuste brutal entre el derecho que se organiza alrededor de fronteras y un virus que no entiende de estas fronteras.

“Se pone de manifiesto que no hay un derecho de la pandemia", advierte en 'La Mañana Fin de Semana', Andrés Betancourt catedrático de derecho administratvivo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). "Estamos aplicando un derecho de los años 80 que no tenía en la cabeza una situación como la actual. Es el caos y nadie quiere asumir la responsabilidad, y este desajuste se irá multiplicando".

Andrés Betancourt ha hecho hincapié en el problema que suponen las diferencias entre comunidades ya que cabría la posibilidad de que magistrados en otras salas de España pudieran no compartir este criterio. "Estamos intentando administrar jurídicamente un virus que no entiende de fronteras con una técnica jurídica basada en las fronteras", ha lamentado.

No hay legislación de la pandemia

Si la ley está mal, explica Betancourt "tendremos resoluciones judiciales distintas. Falla el instrumento que el juez tiene que aplicar que no está nada claro".

El problema de la disparidad de criterios se debe a que no tenemos un derecho de la pandemia

El problema, señala el catedrático "no está en la interpretación que hace el juez sino en la ley que el juez interpreta. No hay legislación de la pandemia", insiste. "¿No sería más razonable que el Estado ejerciera las competencias de Alta Inspección en materia de sanidad y estableciera criterios con carácter general que sí serían entonces objeto de control por parte de una institución judicial que sería capaz de establecer criterios vinculantes para todos los tribunales?”, ha concluido.

PROBLEMAS NORMATIVOS AL DESCUBIERTO

El magistrado asegura que es consciente de las dificultades a las que se enfrenta el país debido a la pandemia y de la necesidad de conjugar las cuestiones sanitarias y económicas, pero advierte de que la COVID-19 ha dejado al descubierto "muchos problemas normativos y jurídicos" que deben resolverse por los órganos constitucionalmente competentes, respetando la legislación vigente y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

A su juicio, es innecesario diseñar nuevos instrumentos jurídicos, como piden las comunidades autónomas, porque "ya existen en el ordenamiento español y solo hace falta ponerlos en marcha". Se refiere en concreto a la declaración del estado de alarma, que permitiría restringir derechos fundamentales y libertades.

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LA COMUNIDAD DE MADRID, RECURRIRÁ

El Gobierno de la Comunidad de Madrid recurrirá después de que el titular del Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid haya rechazado su petición de aclarar el contenido del auto, que el Ejecutivo madrileño consideraba "confuso".

DUDAS EN EL SECTOR NOCTURNO

Por su parte, Noche Madrid, la asociación de empresarios de ocio nocturno de la Comunidad de Madrid, ha pedido al Gobierno autonómico que aclare si los locales del sector pueden abrir o no, después de recibir "centenares" de consultas por parte de los empresarios.

"Nosotros interpretamos que (el cierre del ocio nocturno) queda en suspenso, pero hemos hecho la consulta a la Comunidad de Madrid para saber, hasta que ellos hagan o no un recurso, en qué situación quedan las empresas. ¿Pueden o no pueden abrir? El juez no lo ha dicho", ha señalado a Efe el portavoz de Noche Madrid.

Para la asociación Hostelería Madrid, en cambio, medidas como la limitación de horario de los locales o la prohibición de fumar en las terrazas a menos de dos metros de otras personas han quedado "sin efecto" después del auto.

Moncloa ha respondido al juez que las medidas contempladas en la orden madrileña son "proporcionales" contra la pandemia, y le recuerda que solo requieren autorización judicial las decisiones que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.

Recalca además que las medidas que la Comunidad de Madrid dictó fueron aprobadas el pasado viernes en el Consejo Interterritorial, por unanimidad de todas las comunidades y ciudades autónomas, una reunión tras la cual el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aprobó una orden y se la notificó a las autonomías.

Entonces, el ministro señaló que el cumplimiento de estas medidas "no es optativo" ni requiere de ratificación judicial, como sí han necesitado otras decisiones "quirúrgicas" que se han ido tomando como los confinamientos parciales.

El asunto ya ha sido tratado en algunos tribunales con resultado opuesto al dictaminado por el juez de Madrid.

Por ejemplo, La Audiencia Nacional ha acordado mantener vigente la orden del Gobierno tras desestimar la petición cautelar de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (FECALON).

Y este mismo viernes la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha dictado un auto por el que desestima la medida cautelarísima pedida por la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante.