La defensa de la caza ha unido a los partidos mayoritarios y al Gobierno de Castilla y León para tratar de solventar, por la vía de una modificación de la Ley de Caza, la situación generada por un auto del TSJCyL que supone la suspensión de la actividad cinegética.

En un país donde existen 920.000 licencias de caza 'La Mañana Fin de Semana' habla con Carlos Sánchez, coordinador de investigación de Artemisan, organización que incluye numerosas asociaciones de cazadores, además de empresas y particulares, y que se dedica a la investigación y defensa jurídica de las especies cinegéticas y no cinegéticas.

A nivel económico y social la caza es importantísima en Castilla y León y en nuestro país en general. Artemisan presentó el año pasado el estudio más reciente sobre el dinero que mueve la caza en nuestro país. “Hablamos de 6.475 millones de contribución anual al PIB de España. La corresponencia en Castilla y León es de 500 o 600 millones de euros, que si la comparamos con otras actividades, equivaldría al 13% del PIB que genera el sector de la Agricultura, Ganadería y Pesca” ha explicado Sánchez. “El gasto que hace la caza es equivalente al gasto que movilliza el sector del vino” ha añadido.

Centrándonos en el terreno social en nuestros país “existen casi 4 millones de personas relacionadas con la caza, lo que genera 186.000 puestos de trabajo” asegura el investigador.

Para Sánchez este auto, a pesar de que la caza siga vigente, es un varapalo. “Se puede seguir desarrollando la actividad cinegética, auque hay que recurrirlo”.

El investigador alerta de la necesidad de estabilizar esta situación ya que está descendiendo el número de licencias debido, entre otras cosas, a la despoblación y a posturas como el animalismo. Otra de sus apreciaciones pasa por las consecuencias negativas de la proliferación de especies como el jabalí, el conejo de monte o el lobo, que pueden ser desastrosas para ganaderos y agricultores en “un medio natural dónde no solo debe haber animales, también debe haber personas”.