Fernando Rodríguez, abogado: "Si Begoña Gómez se apropió de esos fondos, tendría una pena que podría ir incluso a los 6 años de cárcel"
El abogado Fernando Rodríguez analiza en COPE las posibles consecuencias penales para la esposa del presidente del Gobierno mientras se conocen nuevos informes sobre la causa
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La situación judicial de Begoña Gómez se complica con posibles penas que podrían alcanzar los seis años de prisión. Así lo ha explicado el abogado y profesor de Derecho Procesal en la Universidad San Pablo CEU, Fernando Rodríguez, durante su intervención en el programa 'La Linterna' de la cadena COPE. Según el experto, en el caso de que se demuestre que la esposa del presidente del Gobierno "se apropiase de esos fondos, tendría una pena que podría ir incluso a los 6 años de cárcel", una valoración que se produce mientras la causa que instruye el juez Peinado sigue sumando nuevos indicios.
A las acusaciones de tráfico de influencias y presunto intrusismo profesional, se añade ahora la investigación por un delito de malversación. La causa se ha visto alimentada por dos informes clave: uno de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, sobre los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés; y otro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, centrado en los correos electrónicos de su asesora en Moncloa.
Las cartas que garantizaban los contratos
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Guía del caso Begoña
El informe de la IGAE, de más de 300 páginas, señala un "posible fraude de ley y discriminación" en los contratos que Red.es adjudicó a la UTE formada por Innovanex, empresa de Barrabés, y The Valley Digital. Según desveló el periodista de El Confidencial, José María Olmo, en el mismo programa, el informe es clave porque confirma que las cartas de recomendación de Begoña Gómez se tuvieron en cuenta. "Lo que viene a constatar la intervención del estado es que esas recomendaciones de la mujer del presidente del gobierno fueron fundamentales para que el propio gobierno adjudicara contratos a esa empresa", afirmó Olmo.
Hacienda llega a deducir que no presentar dichas cartas "se considera como algo negativo", lo que perjudicaba al resto de competidores. El informe también ha destapado que los metadatos de los documentos de valoración técnica fueron borrados, lo que según la Fiscalía Europea, que mantiene imputado a Barrabés, "impide averiguar o confirmar quiénes son los técnicos de Red.es que decidieron asignar cada nota". Una situación que se suma a los múltiples frentes que rodean a la esposa del presidente y que caen "como chuzos de punta sobre el Gobierno", tal como se ha analizado en otros espacios de la cadena COPE.
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Una asesora de Moncloa para negocios privados
La segunda derivada de la investigación se centra en la figura de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Presidencia. Un informe de la UCO ha analizado 121 correos que acreditan que Álvarez, durante su horario laboral y con cargo a los presupuestos del Estado, participaba en las gestiones de la cátedra privada de Gómez en la Universidad Complutense. Entre sus tareas figuraba la búsqueda de financiación, llegando a pedir una colaboración de 40.000 euros anuales a Google.
La propia creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva está bajo sospecha después de que el vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, confesara ante el juez la llamada que recibió del rector: "Tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente. ¿Tienes algún inconveniente?". Para el periodista José María Olmo, estos hechos demuestran una confusión evidente entre el ámbito público y el privado, ya que "se estaba utilizando la posición de poder que tenía doña Gómez" para obtener beneficios particulares.
Begoña Gómez en una imagen de archivo defendiendo la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social de la Universidad Complutense de Madrid
Un proceso judicial "inagotable"
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido seguir adelante con el proceso y ha propuesto enviar a Begoña Gómez a juicio con un jurado popular por el delito de malversación. La defensa de Gómez, ejercida por el exministro Antonio Camacho, justificó la ausencia de su clienta en la última citación alegando que "no suele ser habitual en este tipo de diligencias". A pesar de ello, el caso sigue su curso y, según los expertos, existen altas probabilidades de que llegue a juicio oral.
Mientras tanto, el Gobierno ha cerrado filas en torno a la esposa del presidente. Pedro Sánchez defiende que su mujer "es inocente", y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha criticado duramente las "actuaciones judiciales incomprensibles" del juez Peinado. Una presión que, según el abogado Fernando Rodríguez, es "injusta" y muy complicada de gestionar para un magistrado, quien ya ha iniciado acciones legales por las críticas recibidas.
Si se apropiase de esos fondos, tendría una pena que pudiera incluso a los 6 años de cárcel"
Abogado y profesor de Derecho Procesal en la Universidad San Pablo CEU
Sobre las posibles consecuencias penales, el profesor Rodríguez aclaró que el Código Penal distingue en la malversación. Si Begoña Gómez no se apropió de los fondos públicos, la pena máxima sería de 3 años, pero si se demuestra que sí lo hizo, podría enfrentarse a hasta 6 años de cárcel. Con todos los indicios sobre la mesa, que han llevado a Begoña Gómez a su cita con el juez Peinado, el experto concluye que el caso parece "inagotable" y que, indicio tras indicio, "puede tener un veredicto de culpabilidad".