Augustine Ndour, migrante regularizado: "Antes de conseguirlo, mi situación era la de la mayoría de los jóvenes, trabajando en la calle o en los invernaderos explotados"

El Gobierno ha aprobado la regularización extraordinaria de personas migrantes mediante un real decreto ley, una medida que surge de un acuerdo con Podemos y que toma como base una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recogió más de 600.000 firmas. La noticia, anunciada por la exministra Irene Montero y confirmada por la ministra de Inclusión, Elma Saiz, fue uno de los temas analizados en el programa 'La Linterna' de COPE, donde Expósito dio las claves de este acuerdo junto a sus protagonistas. El Ejecutivo retoma así el espíritu de la ILP, que llevaba meses bloqueada en el Congreso.

La ministra Saiz ha explicado que con este real decreto se inicia "un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas extranjeras que se encuentran en nuestro país". La tramitación urgente evita que la medida pase por el Congreso, una decisión que se enmarca en un pacto más amplio. Según Ione Belarra, "el partido socialista no da nunca algo a cambio de nada", pero desde Podemos han usado su "posición de fuerza para conseguir derechos para la gente".

La medida ha encontrado la oposición de Vox, que ha anunciado que recurrirá la decisión. Su portavoz, Peppa Mellán, ha afirmado que "se trata de un decreto que lleva implícita la rúbrica de Bildu y que es un parche del gobierno que no tiene presupuestos". Por el contrario, la iniciativa fue respaldada por casi 900 organizaciones, entre ellas Cáritas o la Conferencia Episcopal, cuyo presidente, Luis Argüello, ha celebrado que las personas que ya trabajaban puedan "iniciar un proceso de regularización" y cotizar al bien común.

Una vida antes y después de los papeles

La regularización es un cambio drástico para quienes viven en la irregularidad, como lo fue para Augustine Ndour, senegalés que regularizó su situación en 2001, bajo el Gobierno de José María Aznar, y que ha sido el principal impulsor de la ILP actual. En 'La Linterna', Ndour recordó cómo era su vida antes de tener papeles y cómo su experiencia le motivó a luchar por los demás. Su testimonio refleja el de miles de personas.

Antes de conseguirlo, mi situación era la de la mayoría de los jóvenes, trabajando en la calle o en los invernaderos explotados"

Ndour ha descrito el cambio como pasar "de la noche al día". Según ha relatado, "el único hecho de salir de tu casa y tener miedo a que te puedan pedir la documentación y meterte en un CIE y devolverte a tu país de origen, solo con eso uno se queda un poco traumatizado". Tras obtener sus papeles, su vida cambió por completo, un proceso que, aunque tardó casi un año, "fue un antes y un después".

La idea de la ILP nació, según Ndour, "de ver el sufrimiento de los hermanos que estaban malviviendo en la indocumentación". Tras una propuesta fallida en 2020, decidió tomar la iniciativa. "Llamé a un compañero mío del partido Por un Mundo Más Justo, que se llama Jorge Serrano, y le digo: 'mira, o hacemos algo para que haya una regularización o me encadeno en el Congreso'. Iba en serio", ha asegurado. Con el apoyo de varias organizaciones, comenzó una recogida de firmas que nadie creía posible.

Claves de la nueva regularización

La medida permitirá solicitar un permiso de residencia y trabajo a los extranjeros que puedan demostrar su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y durante un mínimo de cinco meses continuados, además de carecer de antecedentes penales. Una de las novedades es la flexibilidad para acreditar dicha estancia, que no se limitará al padrón, un aspecto que Gonzalo Fanjul, de la fundación porCausa, ha valorado como "generoso y relevante".

El proceso de solicitud se abrirá a principios de abril y culminará el 30 de junio. La normativa establece unos plazos exigentes: la admisión a trámite no podrá superar los 15 días y la resolución final deberá llegar en tres meses. Además, la presentación de la solicitud suspenderá los procedimientos de retorno u órdenes de expulsión existentes, concediendo una autorización de residencia provisional que permite trabajar legalmente.

El permiso, válido para todo el país y cualquier sector, se extenderá a los hijos menores de edad con una duración de al menos cinco años. Aunque todavía falta por concretar los lugares de presentación, la ministra Saiz ha adelantado que se buscará un procedimiento "ágil y sencillo" a través de las oficinas de la Seguridad Social, delegaciones del Gobierno y por vía telemática.

Impacto social y económico

Frente a las críticas que alertan de un posible "efecto llamada", Augustine Ndour ha sido tajante: "Saben perfectamente que los que llegan después del 31 de diciembre no entran en esa regulación". Ndour insiste en que la movilidad humana existe con o sin regularizaciones extraordinarias y que es de justicia reconocer derechos y deberes a quienes ya conviven y trabajan aquí.

La gente se mueve, va y viene donde tiene un pequeño de esperanza de encontrar un trabajo y una vida digna"

El economista y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, explicó también en 'La Linterna' que el mercado laboral español tiene una "gran capacidad de absorción", ya que tres de cada cuatro empleos creados recientemente han sido ocupados por inmigrantes. García ha subrayado que "los inmigrantes no quitan el trabajo a los nacionales", sino que ocupan puestos en sectores como el agrario, el cuidado de personas o la hostelería que los españoles no quieren.

Sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, y en referencia a un informe del Banco de España, García ha aclarado que la inmigración, aunque necesaria para cubrir vacantes, "no va a resolver el problema de las pensiones". El principal reto, a su juicio, es la falta de planificación. Es clave integrar a los recién llegados para que los servicios sociales no se deterioren y evitar así un rechazo en la población de acogida.

Desde los sindicatos policiales como JUPOL, su portavoz Ivonne Domínguez, ha advertido de que será "materialmente imposible" para las oficinas de extranjería tramitar la regularización de más de 500.000 personas. Aseguran además que la facilidad para falsificar documentos puede hacer que "miles de personas se jueguen la vida en manos de mafias". En contraste, entidades como Cáritas consideran que esta medida es un acto de "justicia" y "responsabilidad ética, política y social".