Qué hay tras un lobby: por qué Alemania y Francia los regulan y España no y en qué se diferencia de un comisionista

En medio de los recientes escándalos de presunta corrupción que han sacudido la esfera política española, el término lobby ha resurgido con fuerza en el debate público, cargado de connotaciones negativas y malentendidos. Sin embargo, como explicó Carlos Parry, presidente de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI), en una entrevista en La Linterna de COPE, el lobby es una práctica legítima y necesaria en cualquier democracia avanzada.

La clave, subraya, radica en la transparencia y la regulación, algo que España sigue sin aplicar, a diferencia de países como Alemania, Francia o la propia Unión Europea, donde los registros públicos y las normas éticas delimitan claramente esta actividad.

 Lobby ético vs. opacidad: la frontera del Código Penal  

Parry definió el lobby como "una organización, empresa o asociación que defiende un interés legítimo ante la administración pública", ya sea una ONG de pacientes, una patronal industrial o un colectivo social. Su objetivo, insistió, es "informar y aportar datos para que las decisiones políticas sean las más adecuadas". Sin embargo, admitió que la línea entre influencia legítima e ilegítima es delgada: "La marca el Código Penal. Si usas contactos para sacar rédito económico, es cohecho o tráfico de influencias. Pero si defiendes intereses con rigor y transparencia, es correcto".

Precisamente, la falta de regulación en España favorece la opacidad. Mientras en Bruselas es público quién se reúne con quién y con qué fin (como revelan los 12.900 grupos registrados, desde Iberdrola hasta sindicatos), en España los lobistas acceden al Congreso como "visitas personales", según fuentes parlamentarias. Un ejemplo ilustrativo: aunque se sabe que la consultora Llorente & Cuenca defiende en la UE los intereses del biodiésel, esa información es inaccesible en el ámbito nacional.

 17 años de promesas incumplidas  

Parry denunció que los profesionales del sector llevan 17 años exigiendo una regulación "simple, como la de Bruselas", pero los sucesivos gobiernos han pospuesto la iniciativa. De hecho, el anteproyecto de ley aprobado en 2022 —que incluía un registro y prohibía las "puertas giratorias" durante dos años— ni siquiera llegó al Congreso. Las razones, según analistas, son la "falta de voluntad política" y las resistencias de sindicatos, patronales y colegios profesionales, que temen perder su estatus constitucional al ser etiquetados como lobbies.

Esta negligencia contrasta con las advertencias de organismos internacionales. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa ya alertó en 2022 de la "gran opacidad" del lobby español, mientras la OCDE criticó en 2024 la ausencia de controles sobre los cargos públicos que migran al sector privado.

 Lobby vs. comisionista: la confusión que perjudica al sector  

Uno de los problemas, señaló Parry, es la confusión entre lobistas y "comisionistas", figuras vinculadas a casos de corrupción, algo que daña la imagen de profesionales que trabajan "de forma ética". Puso ejemplos de lobby positivo: la ONCE logrando derechos para discapacitados o la Asociación Española Contra el Cáncer impulsando el "derecho al olvido" financiero para pacientes oncológicos. "El lobby no son moquetas ni reuniones escondidas", aclara.

Mientras Francia y Alemania han integrado el lobby en sus sistemas con reglas claras, España sigue anclada en un debate moralizador. Como concluyó Parry: "Urge una regulación que ponga a cada uno en su sitio: a los corruptos, en los juzgados; y a los profesionales, trabajando con transparencia". La pregunta es cuántos escándalos más harán falta para que el legislativo actúe.