"El modelo voluntario de financiación autonómica es factible, se hizo en 1997, donde tres comunidades autónomas decidieron no sumarse y estuvieron cinco años con el modelo anterior"
El Gobierno se ha encontrado con el rechazo de casi todas las autonomías a su propuesta, abriendo la puerta a una adhesión voluntaria con notables precedentes
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La propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica ha chocado con un muro. Todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, se han opuesto frontalmente al plan pactado con Esquerra Republicana, en una tensa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Calificativos como "chantaje", "decepcionante" o "palabrería" han sido la tónica general entre los consejeros regionales, dejando sola a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incluso sin el apoyo de comunidades gobernadas por los socialistas como Castilla-La Mancha o Asturias.
Ante la negativa generalizada, Montero ha puesto sobre la mesa una solución inesperada: la adhesión al nuevo sistema será voluntaria. La ministra ha invitado a las comunidades a negociar, pero ha sido clara: "Estamos abiertos a escuchar, a dialogar, a negociar, pero con propuestas numéricas, no con elementos que todos podemos coincidir, pero que no sea territorio". De esta forma, se abre la puerta a que algunas regiones puedan quedarse con el modelo actual, una situación que, según los expertos, no es nueva en España.
Un rechazo casi unánime
La única voz discordante ha sido la de Cataluña. La consejera de Hacienda de la Generalitat, Alicia Romero, ha calificado el sistema como "más justo, más equitativo, más igualitario", en el que "todas las comunidades ganamos". Este apoyo se explica porque el modelo, aunque da más dinero a todas, garantiza a Cataluña el principio de ordinalidad, asegurando que no pierde posiciones en el ranking de financiación y se mantiene como la tercera que más aporta y más recibe.
Por lo tanto, el chantaje que los independentistas están haciendo al gobierno lo traslada el gobierno a las comunidades autónomas
La reacción del resto de consejeros, tanto del PP como del PSOE, ha sido contundente. El castellano-manchego, Antonio Ruiz Molina, ha denunciado que la oferta es un chantaje en toda regla: "Si lo aceptáis, 24.800 millones más, y si no lo aceptáis, pues, lo perdéis. Por lo tanto, el chantaje que los independentistas están haciendo al gobierno lo traslada el gobierno a las comunidades autónomas", sentenció. Por su parte, el murciano Luis Alberto Marín criticó la falta de rigor del encuentro: "Ni una métrica ni un dato técnico ni un dato objetivamente cuantificable, solamente palabrería", describiendo un modelo que muchos consideran que nace muerto.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside este martes en Madrid el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con las comunidades autónomas para abordar la propuesta de financiación autonómica del ejecutivo. También asiste el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Un modelo voluntario con precedentes
Para analizar la viabilidad de esta propuesta, el programa 'La Linterna' de COPE con Expósito ha contado con la intervención de Santiago Lago, catedrático de Economía en la Universidad de Santiago de Compostela. El experto ha confirmado que un sistema voluntario "sería factible", ya que existen antecedentes. "Se hizo en el modelo del año 1997, donde 3 comunidades autónomas decidieron no sumarse y estuvieron 5 años con el modelo anterior", explicó Lago, recordando que entre ellas se encontraban Andalucía y Castilla-La Mancha.
Hay antecedentes y, bueno, sería sería factible
Sin embargo, el catedrático ha introducido un matiz clave. Antes de que las comunidades puedan elegir, el modelo debe ser aprobado en el Congreso, y "se trata de una ley orgánica que necesita 176 votos". Dada la actual aritmética parlamentaria, este paso se antoja complicado para el Gobierno, que ahora fía su estrategia a las reuniones bilaterales para intentar convencer a las regiones de las bondades de un nuevo modelo de financiación que ha generado un fuerte choque con las autonomías.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d), saluda a la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, este martes en la capital, donde se reúnes el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con las comunidades autónomas para abordar la propuesta de financiación autonómica del ejecutivo. También asiste el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Cataluña y la solidaridad del sistema
Respecto a si el modelo beneficia específicamente a Cataluña, Santiago Lago ha sido tajante: "le beneficia claramente", siendo la comunidad que más gana entre las que no están maltratadas por el sistema actual. El experto ha recordado que hoy en día hay cuatro autonomías "objetivamente maltratadas": Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla y Mancha y Andalucía. Estas ganan mucho en la propuesta, "pero entre ellas se cuela también Cataluña", que actualmente se encuentra en la media de financiación.
Finalmente, Lago ha defendido que el sistema español, tanto el actual como el propuesto, "es solidario". Ha explicado que en España existe una "nivelación muy intensa", similar a la de Australia, y muy alejada del modelo de Estados Unidos donde "cada palo aguanta su vela". Según el economista, el nivel de redistribución es una "decisión política" que en España sigue siendo muy alta, en parte por herencia de un estado centralizado donde todos los ciudadanos eran, sobre el papel, iguales, una cuestión que implica un complejo debate sobre las necesidades presupuestarias.
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