"Esta regularización extraordinaria de personas migrantes es beneficiosa para el país, está en consonancia con la dignidad de cientos de miles de personas"

El Gobierno ha pactado con Podemos una regularización extraordinaria de inmigrantes que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas. El acuerdo, que se materializará en un real decreto para evitar su paso por el Congreso, ha sido hecho público por la propia formación morada a través de Irene Montero, según se ha analizado en el programa La Linterna de COPE. El texto definitivo se conocerá tras su aprobación en el Consejo de Ministros.

Requisitos y claves del acuerdo

Para acogerse a la regularización, los migrantes deberán demostrar que llevaban cinco meses en España y que carecen de antecedentes penales relevantes. Como prueba de la estancia se admitirá el padrón, pero también otros documentos como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero.

Una de las consecuencias directas de la medida es que, en el momento de presentar la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos u órdenes de expulsión. Una vez sea admitida a trámite, estas personas podrán trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la prestación y asistencia sanitaria.

Una iniciativa ciudadana de largo recorrido

Esta decisión política tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que arrancó en 2021 y que logró el respaldo de más de 600.000 firmas. La ILP fue impulsada por casi un millar de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo entidades vinculadas a la Iglesia como Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos o el departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal.

Jorge Serrano, coordinador de la ILP, ha explicado en COPE que la iniciativa llevaba un año y medio paralizada en la Cámara Baja pese al apoyo de todos los grupos excepto VOX. Según ha relatado, el acuerdo del Gobierno llega justo cuando la comisión parlamentaria se disponía a aprobarla para su paso al Senado.

Esta regularización extraordinaria de personas migrantes es beneficiosa para el país, está en consonancia con la dignidad de cientos de miles de personas"

Serrano ha defendido que el amplio consenso social en torno a la ILP se debe a que la medida es positiva para el país. "Esta regularización extraordinaria de personas migrantes es beneficiosa para el país, está en consonancia con la dignidad de cientos de miles de personas", ha afirmado, destacando que por ello consiguió el respaldo de todo el espectro ideológico.

El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, si ellos asesinan, si ellos aterrorizan a la gente, nosotras damos papeles"

Desde Podemos, Irene Montero ha enmarcado el pacto como una victoria de los derechos humanos frente al odio. "El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, si ellos asesinan, si ellos aterrorizan a la gente, nosotras damos papeles", ha declarado la dirigente.

Debate: "efecto llamada" y necesidad económica

Uno de los puntos que genera más debate es el posible efecto llamada. Jorge Serrano lo descarta, argumentando que la medida tiene efecto retroactivo a 31 de diciembre de 2025 y no facilita la regularización de futuros migrantes. "Ocurrida la regularización extraordinaria, el efecto llamada es nulo", ha sentenciado.

Más allá de las razones humanitarias, la regularización también responde a una necesidad demográfica. Según alertó el Banco de España, nuestro país necesita 25 millones de inmigrantes hasta 2053 para sostener el sistema de pensiones. Muchos de los migrantes sin papeles ya trabajan en sectores como la hostelería, la construcción o el servicio doméstico.

En el análisis de 'La Linterna', los analistas han apuntado a un posible peaje del Gobierno para contentar a Podemos y un "señuelo para cabrear a VOX". Sin embargo, también han reconocido su vertiente práctica: "Personalmente, yo los prefiero legalizados y trabajando que buscándose la vida de cualquier manera en la economía sumergida", ha comentado Ignacio Camacho.