Está siendo una semana intensa la que estamos viviendo y que nos deja sobre la mesa grandes cuestiones que preocupan y también ocupan a la Iglesia, como las declaraciones del fiscal general del Estado en torno a los casos de abusos, la aprobación en el Congreso de la ley trans o la nueva ley del aborto… En medio de todo esto, una pizca de esperanza con la declaración que las distintas confesiones religiosas firmaban sobre la dignidad de la vida humana. De todo ello hemos hablado en 'La Linterna de la Iglesia' con monseñor Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.

“Han sido no pocas las diócesis que han contestado a la Fiscalía General y otras instancias como el Defensor del Pueblo. La normativa vigente nos los exige y nosotros acatamos y respetamos. Otra cuestión son los problemas de coordinacion entre las fiscalías provinciales y lo que es una información de la propia Fiscalía General”. Con estas palabras, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha insistido en el programa La Linterna de la Iglesia de COPE, en la línea de la nota enviada este 16 de febrero por parte de la CEE en la que “se mantiene una decidida relación de colaboración con la Justicia, y en concreto, con la Fiscalía, dentro de los límites que la propia Ley permite”.

El secretario general ha explicado a la directora del programa, Irene Pozo, que es la Iglesia la primera interesada en resolver todo esto, de hecho está en marcha ese estudio independiente encargado por la propia Iglesia y a la vista está todo el trabajo que se viene realizando en materia de protección y prevención. Y es que, tal y como aclaró el episcopado, la Conferencia remitió a la fiscalía, los relatos sobre denuncias de abusos recibidos por el diario El País para que pudiera investigar los hechos denunciados por este periódico.

Tras ello, la Fiscalía solicitó a las diócesis “información sobre las denuncias o testimonios recabados desde la oficina de asistencia a las víctimas relativos a la comisión de delitos contra la libertad sexual contra menores de edad”. A la vista de las funciones recogidas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, expresaron los obispos en su nota, “produce extrañeza esta solicitud del fiscal general”.

Imperatividad legal y canónica

"Cuando yo hablo de la imperatividad legal, hablo de que la propia normativa canónica así lo exige. Cuando haya un caso de presunto abuso es obligatoria la colaboración con las autoridades civiles. por eso, insisto en que hay un compromiso por parte de toda la Iglesia universal que Francisco ha continuado tras el empuje de Beneicto XVI contra esta lacra social en la que la Iglesia lamentablemente se ha visto inmersa".

La Iglesia en España está comprometida en la protección de menores y en la prevención de abusos sexuales cometidos, especialmente en el marco de su actividad y, en general, en toda la sociedad. Para ello, realiza un despliegue de medios y recursos para acabar con los abusos dentro de la Iglesia y en toda la sociedad y así lo ha expresado García Magán, que ha destacado "el trabajo de las diócesis y las Oficinas de Prevención, con un trabajo propositivo en el que la Iglesia ha dado grandes pasos en un ejercicio de transparencia".

También ha destacado los trabajos de la Conferencia Episcopal sobre esta cuestión, que comenzaron en 2010 con la publicación de los primeros protocolos para la protección de los menores y la prevención de abusos. Desde entonces se han adoptado numerosas medidas de las que se da cuenta en esta página, teniendo siempre en el centro a las víctimas, la protección de los menores y la prevención de abusos en cualquier ámbito social.

El secretario general de la CEE también ha recordado la importancia de la Declaración Interreligiosa sobre la Dignidad de la Vida Humana que han firmado representantes de diferentes denominaciones cristianas y de la religión islámica: "Es un mensaje muy positivo hacia la sociedad, en el que se ve que las cuestiones fundamentales que tocan la raíz antropológica de la persona humana no queda circunscrito a la profesión de una fe concreta. Se ofrece para que todos los hombres y mujeres de buena voluntad escuchen esa proposición, con un carácter positivo, de defensa de la vida humana en su abanico amplio, desde la vida concebida no nacida hasta ese momento final del ser humano que está en una fase terminal de su enfermedad. Tienen la misma dignidad que tenemos usted y yo".

"Y esa apuesta por la vida nos lleva también a hablar de los que lo están pasando mal, de los que no tienen lo necesario para vivir, de las mujeres víctimas de violencia intradoméstica... porque todo eso es cuidar la vida", remarca monseñor García Magán.

"Es un ejercicio de la libertad religiosa, porque el derecho fundamental de libertad religiosa, recogido en nuestra Constitución como uno de los derechos fundamentales de la persona humana, no es solamente la libertad de conciencia, ni siquiera es solamente una libertad de culto, hay un paso más. Y ese paso más es estar en la plaza pública como lo que somos, como creyentes", ha señalado el obispo.

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Monseñor García Magán también ha valorado la reciente declaración del aborto como derecho: "El derecho a la vida es como los cimientos de un edificio o lo que es en un árbol la raíz. Si los quitamos, el edificio o el árbol se nos vienen abajo. Es un derecho presupuesto para los demás, porque si quitamos ese, ¿cómo están los demás? No estamos ya aquí en una cuestión meramente de moral, estamos tocando la esencia del ser humano, de lo que significa ser hombre, ser mujer... eso es lo que nos constituye en imagen a semejanza de Dios. No es una cuestión de fe ni de política, es una cosa prepolítica o metapolítica. El fundamento de la defensa de la vida no es una cuestión de que lo lleve un programa político y otro no, es un fundamento, está por encima de la alternancia política".

Sobre la ley trans, el prelado aseguraba que "la ciencia dice que puede haber casos de disforia de sexo, pero en otros casos son crisis de adolescencia, de no saber qué quiere ser en la vida. Es curioso que a esos menores no se les reconoce la madurez para ejercer un voto o realizar determinados asuntos jurídicos, y sin embargo, se le reconoce al margen de los padres una capacidad para asuntos que, en muchos casos, son irreversibles".