Padres y madres que van con su abogado a hablar con los profesores. Esta es una de las situaciones que se está produciendo, por inaudita que parezca, en algunos centros educativos cuando los docentes sancionan a los alumnos. Para muestra, el caso del expediente disciplinario anulado por un juzgado de Vigo, que dio la razón a los padres al considerar que existía una insuficiente motivación de las medidas correctoras impuestas a su hijo. Para analizar esta situación este jueves ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Julio Díaz, presidente del sindicato educativo Anpe Galicia, que ha dicho que las “custodias compartidas son el caso más problemático”.

“A nivel nacional no es el primer caso que ocurre”, ha recalcado Díaz, que ha precisado que el juez “no ha fallado que el alumno no tenía culpa sino que hay un protocolo de sanciones que el centro no siguió y por eso la anuló”. Por eso, ha dicho que el problema no es solo que se le quite la autoridad a los profesores, sino que “van a tener que formarse en Derecho para poder competir con estas situaciones”.

Díaz ha lamentado que “el profesorado se encuentra desprotegido porque no hay una asesoría especifica que le indique cómo tiene que actuar” cuando los padres aparecen en los centros con un abogado pidiendo explicaciones sobre el procedimiento incoado.

“Nosotros necesitamos a los padres a nuestro lado y no enfrente”, ha recalcado, pues, a su juicio, no siempre apoyan la labor del profesor. De hecho, ha dicho que "la mayoría de las veces quien acaba expedientado es el profesor y no el alumno". Según ha señalado, en Galicia se han cerrado 86 expedientes disciplinarios a alumnos de primaria de 8 o 9 años y solo 43 a alumnos de secundaria. “Esto hace 15-20 años era inadmisible”, ha concluido.