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Adicae: “Sería deseable que cada banco ofreciera las condiciones que le situaran mejor en el mercado"

El Supremo ha aplazado la decisión que aclare finalmente si es el banco o el cliente quien debe hacerse cargo del impuesto asociado a las hipotecas

 

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Tiempo de lectura: 3'Actualizado 11:05

El Tribunal Supremo ha aplazado -hasta el 5 de noviembre-  la decisión que aclare finalmente si es el banco o el cliente quien debe hacerse cargo del impuesto asociado a los préstamos hipotecarios. 

El secretario general de ADICAE, (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), Fernando Herreros ha advertido en 'Herrera en COPE' que “lo más peligroso es que se genere confusión entre los consumidores y que se extienda la sensación de que no pueden reclamar”.

Incertidumbre en el mercado hipotecario

¿Se están firmando nuevas hipotecas? 

Incertidumbre en el mercado hipotecario. Algunos bancos ya han encarecido sus préstamos a la espera de que el Tribunal Supremo se aclare.

Joaquín VizmanosMadrid 22 oct 2018 - 15:08

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En cuanto a la posibilidad de que el banco repercutiera este impuesto a los clientes de forma indirecta, el secretario general de ADICAE, considera que se trata de un “argumento muy envenenado ya que supondría que los bancos no se atienen al imperio de la ley”.

En su opinión un escenario “posible y deseable”, -propio de un mercado “normal”-, sería que cada entidad velara por su interés y ofreciera las condiciones que considerara que le fueran a situar mejor en el mercado”.

En este sentido Herreros ha afirmado que existe un punto intermedio entre que la banca pierda dinero y que ofrezca  hipotecas con un menor margen. En cualquier caso, ha recordado “el lobby bancario tiene capacidad suficiente para poder influir apra reducir o eximir esa carga fiscal, al  tratarse de un bien tan relevante como la vivienda”.

Entretanto, los principales bancos españoles han retirado de sus páginas webs la información disponible sobre las hipotecas, a la espera de que el alto tribunal aclare si es la entidad o el cliente el que deberá hacerse cargo del impuesto asociado a estos créditos.

Asimismo, algunas entidades están revisando las condiciones de los préstamos hipotecarios, y tampoco están ofreciendo esta información en sus oficinas, aunque no han suspendido la firma de hipotecas que ya estaba prevista.

No obstante, el Consejo General del Notariado ha aconsejado a estos profesionales seguir autorizando las escrituras que ya estaban previstas, informando a sus clientes del contenido del fallo, pero advirtiéndoles claramente de que hasta que no se conozca el desenlace "no es posible determinar" quién tiene que pagar el impuesto.

El impacto para el sector financiero, en caso de que se confirme que deben hacerse cargo del impuesto, es enorme, y ya provocó un desplome de la cotización bursátil el día que se conoció el fallo, mitigado en parte al día siguiente, cuando el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, informó de que dada la "enorme repercusión económica y social" del fallo se estudiaría su aplicación.

Y es que la sentencia constituía un "giro radical", según el propio Díez Picazo, respecto de la doctrina anterior del Supremo, que en febrero estimó que eran los hipotecados quienes debían hacer frente al impuesto.

Sobre ello se ha pronunciado la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien ha insistido en que "lo mejor es que cuanto antes se aclare la situación" ya que el tribunal "ha abierto una cierta inseguridad jurídica" en un tema con implicaciones sobre los ciudadanos, la banca y las arcas públicas.

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En este escenario, las dudas continúan castigando la cotización de los bancos, que hoy han hecho caer al IBEX 35 un 0,96 %; en total, el conjunto de entidades cotizadas, entre las que se incluyen Unicaja y Liberbank -presentes en el mercado continuo-, se han dejado en esta última sesión casi 3.000 millones de euros de capitalización, lo que amplía hasta los 8.200 millones las pérdidas sufridas desde el jueves.

El coste que puede tener para las entidades financieras asumir este gravamen no está claro, aunque los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifran en 3.631 millones de euros el importe abonado por 1,5 millones de contribuyentes en los últimos cuatro años, que es el período no prescrito.

Por su parte, jueces y magistrados han manifestado su sorpresa ante una decisión que, creen, pone en entredicho la independencia del Poder Judicial.

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