De casi 1.400.000 propuestas de sanción de policías y agentes de la autoridad durante el estado de alarma, sólo 152.394 se han traducido en multas. Es el dato que arrojan las administraciones y que explica en Fin de Semana de COPE Antonio Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Comillas Icade, que detalla que “había una remisión en blanco a la Ley de Seguridad Ciudadana”.

“Contemplaba la posibilidad de la desobediencia, que no se daba porque los agentes lo que hacían era proponer la sanción, pero no daban una orden concreta a los ciudadanos que incumplían las restricciones de movilidad sin justificación”, explica el experto en Derecho a Cristina López Schlichting. Por trasladarlo a un ejemplo, si cogíamos el coche, nos desplazábamos 20 km y nos paraban y nos decían que nos iban a poner una denuncia, pero podíamos seguir y no nos daban una orden para irnos a casa, “el 90% de las sanciones se están anulando”.

Cambio en las CCAA

No obstante, Timón subraya que las CCAA han ido aprobando procedimientos sancionadores, y “se ha provocado una dispersión del derecho sancionador dependiendo de cada comunidad que han ido aprobando sus propias normas”. Por ello, y en el caso actual, si estoy haciendo una fiesta ilegal o alguna de las normas de restricción de las CCAA no voy a tener mucho éxito de que prospere mi recurso, “porque las CCAA, ante la dejación estatal, han ido aprobando normativas sancionadoras que han ido describiendo los tipos de infracciones para luchar contra la pandemia”.

Ahora, ¿qué se hizo mal para que se anulasen el 90% de multas? “Desde el punto de vista técnico-jurídico el Estado lo hizo mal. El artículo 20 durante el primer estado de alarma y el 15 en el segundo hacía una remisión en blanco e incumplía el principio de tipicidad. Interior dio ciertas instrucciones de interpretación a las autoridades en contra de un informe de la Abogacía del Estado de abril de 2020”, recrimina Timón en COPE.

¿Pueden prescribir las multas?

En principio, el plazo de prescripción es de un año, pero también hay que tener en cuenta que, como se suspendieron los plazos de tramitación administrativos, “hasta que decayó el estado de alarma el 4 de junio de 2020, hasta esa fecha hay que contar para la prescripción”, concluye el profesor de Derecho Administrativo en Fin de Semana.