La irrupción de Pablo Iglesias en el Gobierno ha sido una auténtica revolución en la política de nuestro país. El líder de la formación morada no ha dudado, en más de una ocasión, de mostrar y reivindicar sus pretensiones políticas a Sánchez, a pesar de la situación epidemiológica que vivimos en nuestros momentos. Los deseos, enfrentamientos y declaraciones de Pablo Iglesias y sus ministros han generado en más de una ocasión mucho debate social que ha sido analizado de forma precisa a través de las líneas editoriales de COPE.

El creciente peso de Iglesias

Con fina ironía, el expresidente del Gobierno Felipe González ha manifestado su perplejidad porque Pablo Iglesias, vicepresidente para cuestiones sociales y para la Agenda 2030, vaya a participar en la comisión en la que se maneja información sensible y los datos que aporta el CNI. González ha recordado que ya en 2016 Iglesias manifestó su intención de tener acceso y controlar nuestro servicio de inteligencia y Televisión Española.

El peso de Iglesias en el Gobierno es creciente. Ha participado en las reuniones con los representantes del campo y va a tener una intervención directa en la mesa bilateral que arranca mañana para negociar con el Gobierno independentista de la Generalitat. Iglesias, con una clara voluntad de poder, cobra caro el apoyo de sus 35 diputados a la investidura.

Durante las primeras semanas ha sido discreto en sus manifestaciones públicas, pero eso no significa que se haya olvidado de sus objetivos. No se puede pensar con ingenuidad que el acceso al Gobierno haya limado automáticamente sus objetivos. La prueba más fehaciente es lo que ha sucedido con la posición del Gobierno hacia Venezuela. Iglesias, con el respaldo de los Comunes, siempre ha defendido el derecho a decidir, siempre ha apostado por una forma de memoria histórica que polariza a España, siempre ha apostado por un uso de los mecanismos de poder para difundir planteamientos ideológicos. Y ahora Sánchez lo necesita.

Cacerolas para hacerse notar

Podemos no solo ha prestado el apoyo parlamentario necesario para que Pedro Sánchez llegue a la Presidencia del Gobierno, sino que se sienta en el Consejo de Ministros. Pablo Iglesias es Vicepresidente y dos destacadas diputadas de Podemos desempeñan cargos ministeriales. Pues bien, tres miembros del Gobierno, constitucionalmente responsables de la política interna de España, animaron, consintieron y secundaron ayer una cacerolada contra la Jefatura del Estado. Si hubo ciudadanos que de este modo quisieron expresar su malestar, su protesta o su credo republicano, están en su derecho. El estado de alarma no cercena la libertad de expresión. La cuestión que tiene que preocuparnos seriamente es que quienes están obligados a trabajar desde el marco institucional para dar cumplimiento a sus deberes se dediquen a socavar, alegremente y como si no pasara nada, las bases del único sistema que hoy permite hacer frente a una situación de extrema gravedad.

En la política española, como en el periodismo, abundan hombres y mujeres que han asumido el papel de influencers. Incapaces de sumar y trabajar de manera cooperativa, son prescriptores de sí mismos o de las marcas que les patrocinan. Se llenan la boca hablando de justicia social y de solidaridad, pero siempre van por libre porque son incapaces de asumir sacrificios por un bien mayor. Quizás por eso, quizás, hayan sido apartados de la primera línea de la gestión de la crisis.

<3 style="text-align: justify;">Iglesias provoca de nuevo

Pablo Iglesias ha colocado a Isa Serra en la Ejecutiva de Podemos como portavoz del partido. La nueva portavoz fue condenada el pasado mes de abril por un delito de atentado contra agentes de la Policía. Los hechos tuvieron lugar en 2014 en el contexto de la ejecución de un desahucio. A diferencia de lo que repiten de forma falaz desde las filas de Unidas Podemos, Serra no fue condenada por tratar de parar un desahucio, sino por proferir insultos graves y agredir a agentes de la policía. Según reza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Isa Serra se acercó al lugar de los hechos cuando ya había finalizado el desahucio, profirió insultos graves, se enfrentó con una agente a la que, entre otras cosas, le deseó que le pegaran un tiro, dio empujones y lanzó objetos contundentes contra agentes de la propia Policía. Lejos de retractarse, Serra ha dicho que repetiría todo lo que hizo y que lo seguirá haciendo.

El nombramiento de Pablo Iglesias es una nueva provocación. Estamos acostumbrados a que la palabrería utilizada no tenga, en su caso, ninguna correspondencia con los hechos. Ya le queda poco crédito a quien se presentó como adalid de la regeneración y la transparencia democráticas, y aseguró que en sus filas no tendrían cabida ni siquiera los imputados. El hecho es muy significativo porque está en juego la ejemplaridad política y el respeto a las instituciones, con la agravante de que lo protagoniza un miembro destacado del Gobierno que no se ha recatado en atacar a los jueces. Sánchez, una vez más, calla y otorga.

La responsabilidad que Iglesias no puede eludir

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no atraviesa su mejor momento político. Muestra de ello es su desaparición en los últimos días de la primera línea de declaraciones, alguien que ha tenido una sobreexposición mediática durante los últimos meses. Su ausencia del escenario político va a afectar también a la campaña de Podemos en las elecciones gallegas y vascas.

Una de las causas de su silencio es el oscuro proceso judicial en el que está implicada su antigua asesora Dina Bousselham. Un proceso, en torno a la desaparición de la tarjeta del móvil de su exasesora, que refuerza la necesidad de una investigación sobre las actuaciones de Iglesias en un caso rocambolesco. Quien llegó a la política enarbolando la bandera de la trasparencia y de la lucha contra las supuestas claoacas del Estado, las tramas corruptas y los entramados de intereses de la casta, ahora está implicado en un escándalo en el que las contradicciones y silencios de sus protagonistas hacen compleja la clarificación de lo sucedido.

La Justicia tiene sus tiempos y sigue sus procedimientos, pero existe una responsabilidad política que Iglesias no puede eludir. La misma exigencia que el líder de Podemos ha enarbolado frente a sus adversarios en asuntos de menor calado, le obliga ahora a comparecer y dar explicaciones veraces, como le reclama la oposición. La limpieza que supuestamente venía a implantar la formación morada se ha tornado en opacidad y sospecha de oscuros manejos propios de las cloacas que siempre denunció.

Escalada de Iglesias

El vicepresidente Iglesias dio ayer un nuevo paso en su escalada contra el periodismo libre al defender el supuesto derecho a «naturalizar» el insulto a los profesionales de la información. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España emitió un comunicado en el que denuncia que Iglesias coacciona e intimida a los profesionales para impedir que ejerzan la libertad de información, auténtico pilar de la democracia. Todo ello responde a un oscuro asunto que se encuentra en sede judicial: el robo hace cuatro años de un teléfono móvil a la que fue una de las asesoras del líder de Podemos, Dina Bousselham, en cuya tarjeta se revelaban intimidades y declaraciones supuestamente comprometedoras para Iglesias.

Como es ya conocido, Iglesias devolvió la tarjeta a su propietaria, pero ya inutilizada. Y así estalló el escándalo: Pablo Iglesias pasó de víctima de una supuesta conspiración a sospechoso de urdir un asunto propio de las cloacas que tanto denuncia. La línea de defensa elegida por Iglesias no es la transparencia sino el insulto a los periodistas que han dado aire al caso o que han expresado sus críticas. Puede que el contenido de la tarjeta termine por revelarse judicialmente, pero la obsesión de Iglesias en ocultarlo manifiesta una inclinación totalitaria inquietante. En plena crisis sanitaria, económica y social, con las ayudas de la Unión Europea aún en el aire, todo este escándalo no genera confianza en un Ejecutivo que, hasta ahora, hace ver que los líos de Iglesias no son cosa suya. ¿Hasta cuándo?