Los Mossos d'Esquadra tenían un código, "Clave 21", que usaban en sus comunicaciones por la emisora corporativa para pasar un canal alternativo de comunicación mediante teléfonos móviles, donde los agentes reportaban informaciones o incidencias que no debían transmitir por el canal de radio oficial.

Así lo relata la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el auto de procesamiento del exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, el exdirector del cuerpo Pere Soler, la intendente Teresa Laplana y el ex secretario general de Interior César Puig por sedición en su actuación en el asedio a la Conselleria de Economía y el 1-O. En el auto, la magistrada afirma que del contenido de las comunicaciones de los Mossos durante el 1-O y los días previos se desprende la falta de colaboración con otros cuerpos policiales durante esas jornadas, ya que en ellas se ordena a los agentes autonómicos "que no actúen, que no hagan nada, que se mantengan al margen, que no intervengan, y que solo observen e informen y se sitúen en posición segura". En esas comunicaciones se ha evidenciado además, dice Lamela, que los mossos usaban "un código propio denominado 'Clave 21'" que consistía en la utilización de un canal alternativo. Así, cada dotación tenía un número de contacto al que llamar cuando escuchaban ese código, en el que comunicaban "informaciones o incidencias que no debían transmitir por la emisora corporativa".

Para transmitir esas informaciones paralelas utilizaban teléfonos móviles particulares y también corporativos asignados a las dotaciones policiales, así como la aplicación de móvil WhatsApp. La juez también constata en el auto las vigilancias de las que fueron objeto policías y guardias civiles, incluso los que iban de paisano.

Los mossos no solo informaban de la actuación de los agentes, "sino que se trataba de una auténtica vigilancia, siguiendo sus desplazamientos". Se llegó incluso a ordenar a todas las patrullas, dice Lamela, que cesasen en sus comunicados para dar prioridad a la transmisión de información sobre los movimientos de los otros cuerpos de seguridad. De hecho, la juez destaca que se produjeron más de doscientos comunicados en este sentido solo el día del referéndum ilegal.

Las comunicaciones muestran que durante esa jornada los agentes de los Mossos se limitaron a decomisar las urnas, o bien cuando se las entregaban voluntariamente los responsables de cada centro, o una vez terminada la votación y realizado el recuento, o cuando eran abandonas en la calle tras contar los votos. Incluso, apunta la juez, las dotaciones, con las connivencias de los mandos, pactaban con los responsables de los puntos electorales la entrega de las urnas, de forma voluntaria, una vez realizado el recuento.

Las fotografías y los vídeos incorporados al procedimiento ponen además de manifiesto, según Lamela, "la actitud de pasividad" de los Mossos en los colegios el 1 de octubre e incluso su complicidad con los componentes de las mesas, "llegando incluso a actuar contra los agentes de policía nacional y guardia civil"

VIGILABAN A POLICÍA Y GUARDIA CIVIL

Un testigo protegido ha desvelado que los Mossos d'Esquadra tenían orden de informar de los movimientos de la Guardia Civil y de la Policía para impedir el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña y ha revelado su actitud de total "pasividad" incluso cuando los guardias civiles eran agredidos. En el auto, la juez incluye también ese testimonio que procede de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida sobre lo ocurrido el 1-O. La juez no aporta datos sobre el testigo, si bien varias fuentes han subrayado durante la investigación que ha habido mossos que han colaborado como testigos protegidos en las pesquisas de los jueces y de la Guardia Civil.

En este caso, informó de una orden genérica dada a todos los equipos de la policía autonómica para informar de todos los movimientos que se observasen tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. La juez, a partir de esa declaración, de la documentación que aportó y de las declaraciones prestadas por los agentes de la Guardia Civil destinados en la Comandancia de Lleida, concluye que en esa provincia los Mossos recibieron órdenes de vigilar a los "escudos" y a los "banderines", es decir, a los policías nacionales y a los guardias civiles, respectivamente. A su juicio, hubo "vigilancias efectivas" por orden de la Sala Regional de los Mossos de Lleida a la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia para informar de todas las salidas de vehículos y personal.

Pero el testigo protegido también puso de manifiesto que se recibió información por la emisora de los Mossos de la marca y modelo de los vehículos que salían de la Comandancia, el número de personas que iban dentro y los objetos que portaban. Además, subrayó la actitud de "total pasividad" de los mossos cuando los guardias civiles llegaban a los colegios electorales, incluso "al ser agredidos los agentes por la gente congregada", y de "total alejamiento respecto de los guardias civiles, desoyendo sus peticiones de colaboración". Relató el testigo que se dieron indicaciones en los briefings para que no se actuase por parte de los agentes, "hasta el punto que prohibieron gran número de acciones, entre ellas, entrar a la fuerza".

En las instrucciones recibidas, se incluyó que no se hiciera uso de la defensa, por lo que muchos efectivos optaron por no llevar la porra. De hecho, según el mismo testigo, se les indicó en un briefing previo "que lo mejor era dejar todo el material antidisturbios en el furgón y que si no se podía entrar (en los colegios) pidiéndolo por favor, que no se entrara". La juez añade que a las unidades de furgones no se les requirió para entrar en ningún sitio de la provincia de Lérida y que, según confirmó el testigo, muchas actas de cierre de colegios se hicieron tras la finalización de las votaciones