El proyecto de ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada seguirá su tramitación en el Parlamento andaluz, después de que ningún grupo haya propuesto su devolución al gobierno durante el debate celebrado hoy, aunque han anunciado que harán aportaciones.

Se trata de la primera comunidad autónoma que elevará al máximo rango legal la lucha contra la obesidad, objetivo especialmente dirigido a la población infantil, pues este problema afecta a un 23 % de los menores en Andalucía y a un 16,6 % de la población adulta.

Entre otras medidas, la ley exige a los restaurantes disponer de menús saludables y el acceso gratuito al agua potable en todos los lugares públicos.

Durante la defensa del proyecto de ley, la consejera de Salud, Marina Álvarez, ha confiado en que "con este paso adelante que da Andalucía se pueda contribuir a que en todo el país se reflexione sobre la importancia de establecer los mecanismos más adecuados para afrontar el problema, como ya ocurrió con el tabaco".

Ha asegurado que la pretensión "no es aprobar una ley prohibicionista aunque la norma contenga un apartado de sanciones, sino disminuir los problemas de salud".

La ley garantizará el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil, de forma que se promoverá la dotación de fuentes en estos espacios y se exigirá a las empresas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua refrigerada gratuita.

En la misma línea, los bares y restaurantes deberán ofrecer a los clientes un recipiente con agua y vasos, de forma gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.

La nueva norma también exige habilitar aparcamientos de bicicletas en las empresas con más de 50 trabajadores o, en su defecto, en las inmediaciones de cada centro.

Para hacer efectivo el derecho a una vida saludable se establecen medidas como la exigencia de disponer de menús de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración y tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares.

Además, el proyecto aprobado prevé la creación del Sistema de Información de Calidad Nutricional de los Alimentos en Andalucía, un índice global que se aplicará tanto a los productos envasados como a los de venta a granel o comercializados en comercios minoristas.

Para las personas que padecen obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, se reconoce el derecho a una atención sanitaria integral y continuada.

En materia educativa, los centros docentes tendrán que establecer, en un plazo de dos años, un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas semanales de actividad física, al tiempo que se prevén iniciativas para la distribución de frutas y verduras.

La ley, que contiene un apartado de sanciones, incluye limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y de bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años.

La portavoz del PP, María de la O Redondo, ha dicho que su grupo recibe este proyecto "muy positivamente" porque la obesidad es la "pandemia del siglo veintiuno", aunque ha considerado que si esta norma es necesaria es porque el Gobierno andaluz "ha fracasado en la promoción de la salud, en los intentos que ha llevado a cabo a través de distintos planes".

El portavoz de Podemos, Juan Antonio Gil, que ha dicho que la obesidad es "un marcador de desventaja social" porque afecta especialmente a las personas con menor nivel de renta, ha subrayado que su grupo va a ser "muy exigente" con el desarrollo de la ley, tanto en lo que respecta a las medidas que contiene como en lo relativo al ámbito de actuación.

La portavoz de Ciudadanos, Isabel Albás, ha tildado de "positiva y acertada" esta ley, aunque ha considerado que es "un declaración de buenas intenciones, con un contenido demasiado programático", por lo que ha pedido mayor concreción de las medidas y, en particular, de las que afectan a los centros escolares o la que obliga a habilitar aparcamientos para bicicletas.

La portavoz de IU, Inmaculada Nieto, ha expresado ciertas "dudas" sobre si era necesaria la aprobación de una ley para garantizar una vida saludable, aunque ha reconocido que hacen falta una serie de medidas para afrontar "un problema creciente".