El aumento de la conciencia sobre los problemas medioambientales y la necesidad de conservar los recursos naturales se ha materializado en leyes cada vez más específicas. Estas normas, dictadas por instituciones nacionales, europeas e internacionales, se centran, principalmente, en incrementar las medidas de vigilancia y controlar las acciones del hombre que puedan suponer una amenaza para la naturaleza.

En este contexto, el 21 de junio de 1988 se crea el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), convirtiéndose en una de las primeras policías medioambientales del mundo.

Entre sus áreas de competencia, se pueden señalar el comercio ilegal de especies de flora y fauna, el tráfico ilegal de residuos, vertidos contaminantes y emisiones a la atmósfera, incendios forestales, pesca ilegal marítima y continental, caza, furtivismo y uso de medios no selectivos de caza, urbanismo y usos del territorio, maltrato animal, espacios protegidos, patrimonio histórico o seguridad en la producción primaria.

Los primeros agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza llegaron a La Rioja en junio de 1988. En la actualidad, 17 agentes destinados en Logroño, Autol y Ezcary son los encargados de proteger la naturaleza, el medio ambiente, los recursos hidráulicos, la riqueza piscícola, forestal y cinegética y la flora y fauna, poniendo especial atención a las especies protegidas.

De enero de 2017 a mayo del presente año, agentes del Seprona en La Rioja llevaron a cabo un total de 900 actuaciones, de las que 486 acabaron en denuncia por infracciones administrativas a la ordenación del territorio, Convenio CITES, vías pecuarias, caza y pesca, leyes sanitarias, fauna, incendios, residuos y vertidos, alimentación, patrimonio histórico e industria; destacando entre ellas las realizadas contra la caza furtiva, contrabando y recuperación de fauna, la clausura de vertederos, talleres ilegales y empresas gestoras de residuos, la incautación de alimentos y productos caducados o no ajustados a la normativa.

Además, se cursaron 23 actuaciones penales relativas al urbanismo y ordenación del territorio, maltrato animal, flora y fauna, protección del medio ambiente, estafa y falsedad documental.