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FINANCIACIÓN PARTIDOS

Suspendidas las declaraciones de dos altos cargos del exministro Bernat Soria

Madrid, 17 may (EFE).- La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Carmen Huerta, ha suspendido temporalmente las declaraciones de dos altos cargos del exministro socialista de Sanidad Bernat Soria en relación a un contrato de publicidad de 2008 que pudo servir para financiar irregularmente al PSPV.,En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, la juez ha acordado suspender sin fecha las comparecencias en calidad de investigadas de Etelvina Andreu, que fue directora general d

  • Agencia EFE

La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Carmen Huerta, ha suspendido temporalmente las declaraciones de dos altos cargos del exministro socialista de Sanidad Bernat Soria en relación a un contrato de publicidad de 2008 que pudo servir para financiar irregularmente al PSPV.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, la juez ha acordado suspender sin fecha las comparecencias en calidad de investigadas de Etelvina Andreu, que fue directora general de Consumo dentro del Ministerio de Sanidad y anteriormente candidata a la Alcaldía de Alicante, y de Consuelo Sánchez Naranjo, que era subsecretaria de Sanidad y Consumo, que estaban previstas para el próximo 21 de mayo.

También ha suspendido las declaraciones de varios miembros de la Mesa de Contratación, inicialmente señaladas para los días 21, 24 y 30 de mayo.

De esta forma, las comparecencias de Andreu y Sánchez Naranjo no coincidirán con las de Marcos Vaquer y Nicolás Mateos, dos altos cargos de la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, también investigados por la adjudicación de otro contrato de publicidad en 2009, si bien en otro procedimiento diferente que instruye el juzgado de instrucción 24 de Madrid.

En la causa en la que se investiga el contrato de publicidad del Ministerio de Sanidad de 2008, que se adjudicó por 184.138 euros, la juez investiga si se pudo incurrir en los delitos de prevaricación y malversación.

La investigación de estos y otros contratos comenzó en 2016 en un juzgado de Valencia, que apreció indicios de que dichas adjudicaciones podrían haber servido para financiar campañas electorales del PSPV y el Bloc en 2007, y que posteriormente se inhibió a favor de Madrid, Benidorm y Gandía al considerar que los hechos se produjeron en las citadas ciudades.

Según el juzgado de Valencia que inició las pesquisas, las adjudicaciones presuntamente fraudulentas tuvieron como beneficiaria a la agencia de comunicación Crespo Gomar, cuyo presidente es Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía en 2009, Antoni Gomar.

Esta empresa, supuestamente, trabajó en la organización del congreso regional del PSPV en el que se eligió a Jorge Alarte como secretario general, y también en las campañas municipales de Etelvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en 2007.

Además de los contratos de Vivienda y Sanidad, se investigan otros adjudicados a empresas del mismo grupo de comunicación desde los consistorios de Gandía y Benidorm bajo gobiernos socialistas y con el Ministerio de Medio Ambiente -en la época en la que lo dirigía Cristina Narbona- a través de las empresas públicas Acuamed y Aguas del Júcar.

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