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A favor del Alto Comisionado, pero con presupuesto acorde

Pobreza infantil y niños desplazados
EFE | Andrés Cristaldo

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Consideran urgente e importante la lucha contra la pobreza infantil en España y por ello valoran como positiva la creación de un Alto Comisionado directamente adscrito a la presidencia del Gobierno. Pero ningún organismo, subrayan, puede por sí solo atajar este grave problema. Se necesita señalan una financiación acorde que hoy por hoy no la tenemos.

Así lo ven las principales organizaciones sociales agrupadas en la Plataforma de Infancia que representa a más de 60 entidades, entre ellas UNICEF y Cáritas. Su presidente es Adolfo Lacuesta y explica a COPE que a la espera de ser contactados consideran que la medida es “un acierto” y la fórmula elegida propia de los organismos internacionales también. Es subrayan poner el foco en esta realidad sobre la que aún hay mucho que hacer.

Todo porque recuerdan que 1 de cada tres familias con niños están en riesgo de pobreza o exclusión en España. Están en situación de vulnerabilidad porque como subraya Maite Pacheco, directora de políticas de infancia en UNICEF, supone para muchos de estos niños “no poder ir a extraescolares como inglés o deporte, tener una alimentación insana, no poder reponer unas gafas cuando se le rompen y todo esos elementos unidos en la vida del niño, marcan su vida, actúan como un suelo pegajoso del que ya no se puede apartar”.

Para combatir esta situación de forma eficaz se requiere subrayan fondos públicos actualmente insuficientes. Y es que según señala Lacuesta “los presupuestos parece que van a ser los mismos y en ellos no hay una partida lo suficientemente relevante” para reducir significativamente la pobreza infantil.

Las cuentas públicas aún pendientes de aprobación recogen un dinero muy limitado para estas políticas que Lacuesta cifra en poco más de 20 millones de euros frente a los mil millones pactados en su día por PP y Ciudadanos.

Pacheco cifra por su parte en 2.615 millones de euros, el equivalente al 0,22 por ciento del PIB la dotación necesaria para obtener resultados. Confían en que se pueda incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Esperan que este año el Alto Comisionado sirva para mejorar la coordinación de políticas interministeriales y con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Pero las medidas más eficaces, insisten y estarán vigilantes, requieren de fondos. Y en este sentido y si de ellos dependiera la primera que pondrían en marcha es aumentar la prestación por hijo a cargo de los 25 a los 100 euros para las familias vulnerables y como una ayuda directa en lugar de la actual deducción en el Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas, porque muchas de las familias en situación de vulnerabilidad no presentan declaración de la renta.

Según la última memoria de Empleo hecha pública en mayo por Cáritas, hay en España 600.000 hogares sin ingresos en España, sin trabajo, ni protección por desempleo ni prestaciones contributivas. El 2,2 por ciento del total. 240.000 tampoco reciben una renta mínima autonómica.

El 28 por ciento de los contratos son de muy corta duración, menos de 7 días frente al 16 por ciento hace 10 años. El 14 por ciento de los trabajadores son pobres y hay más de un millón y medio de personas que trabajan a tiempo parcial en este momento en nuestro país y a los que les gustaría trabajar más horas pero no encuentran el modo de hacerlo, el doble que en 2008.

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