José Antonio tiene 30 años. Dejó su puesto de trabajo cuando después de 13 años acudiendo diariamente. José Antonio es uno de los nombres de los cerca de los 58.000 jóvenes pensionistas. Un colectivo que representa a personas que no pueden trabajar por una discapacidad pero aún no han cumplido la edad de jubilación.

Cobran del Estado máximo 600 euros al mes. Del que tiene que pagar todos los gastos. Entre ellos la hipoteca, la alimentación o todo el tratamiento de médico, entre lo que se incluye “copago farmacéutico, terapias de rehabilitación, psicológica…”

Otra persona que tiene una certificada incapacidad para trabajar es Mari Ángeles. Con doce años empezó a sentir problemas en su cuerpo. La primera menstruación trajo consigo dolores, hemorragias o nauseas entre otras dolencias. Su lucha también fue la de conseguir que le reconocieran la incapacidad. Un proceso duro que además puede ser revocable algo que considera Mari Angeles es “absurdo”. Dice que no entiende “tener una amenaza constante de la administración para poder vivir”.

Porque si estas personas vuelven al mundo laboral sucede que llevan varios años sin trabajar, son parados de larga duración. Y en el caso de encontrar un empleo José Antonio advierte: “Habrá que ver qué trabajo y qué sueldo”.

Y señalan que sobretodo piden a la sociedad una palabra: “comprensión”. Mari Ángeles cuenta que ha tenido que escuchar que tiene “suerte” de no trabajar con 40 años.

Representan el 10% pensionistas de las pensiones de nuestro país. Desde la Unión Sindical de Obreros advierten que con sus condiciones económicas “están condenados a una precariedad aún mayor que los jóvenes”.