UGT ha defendido hoy que para acabar con la impunidad cuando se vulneran los derechos de los trabajadores es necesario pasar "de multas administrativas a penales" a través de una revisión de las infracciones y sanciones del orden social previstas en el título XV del Código Penal.

En un comunicado, UGT demanda deslindar la frontera entre infracción administrativa y conducta delictiva, "muy diluida en el ámbito laboral", por lo que cree que hay crear una fiscalía de delitos contra los derechos de los trabajadores.

A juicio del sindicato, esto contribuiría a los objetivos que persigue el Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-202 que el Gobierno planea aprobar este mes para empezar desde agosto a estrechar la vigilancia de sectores donde se da con mayor frecuencia el abuso y el fraude laboral, como son los servicios o la hostelería.

UGT ha valorado el plan, que traza la estrategia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para los próximos años, pero demanda medidas adicionales como incluir a las empleadas del hogar o adoptar medidas concretas para erradicar la contratación temporal.

Asimismo ha apostado por cambiar los estatutos de la oficina nacional de lucha contra el fraude, para adaptarlos al espíritu y contenido del plan director, así como estrechar la colaboración entre la inspección y las organizaciones sindicales.