El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, quiere que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explique por qué firmó, cuando era secretaria de Estado de Medio Ambiente, la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto Castor, que ahora dice que fue costoso e innecesario.

En un comunicado, Mulet se ha referido a las manifestaciones de la ministra durante su comparecencia esta semana en el Congreso de los Diputados, en la que dijo que el almacén subterráneo de gas Castor, que tuvo que ser paralizado e hibernado tras producirse movimientos sísmicos en la costa de Vinaròs (Castellón), fue una "infraestructura enormemente costosa e innecesaria".

El senador ha considerado "lamentables" sus declaraciones y que durante su comparecencia lanzara "balones fuera" sobre el almacén e infraestructuras del proyecto.

Mulet ha preguntado a la ministra por los motivos para dar el visto bueno ambiental a "un proyecto que no vale para nada, como ella misma admite, y que fue cuestionado por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional por no haber sometido a evaluación de impacto ambiental un tramo de gasoducto que conecta la red nacional de transporte de gas con la instalación en tierra asociada al almacenamiento subterráneo Castor".

Ha añadido que estas decisiones judiciales supusieron una "desautorización clara para la actual ministra", que, a pesar de "escudarse en los técnicos", debe saber valorar la "idoneidad de poner la firma en una DIA de un proyecto que ha supuesto un desembolso cercano a los 1.800 millones de euros y una enorme afección al medio marino y terrestre".

Mulet ha agregado que si Teresa Ribera hubiera tenido en cuenta las recomendaciones y advertencias, y se hubiera tomado "un poco más en serio sus funciones", "hoy este fiasco no sería una realidad tan penosa".

Aunque el senador considera positivo que la ministra asumiera en su comparecencia que hay que extraer lecciones de lo que supuso el proyecto Castor, le ha pedido responsabilidades por una decisión "tomada a la ligera".

También ha pedido a la ministra que concrete cuándo y cómo van a comenzar los trabajos de desmantelamiento de las plataformas marinas y terrestres, que deben ser asumidos por las empresas concesionarias o quienes las construyeron, que "deben pagar por tal pifia".

El senador ha reclamado que se modifiquen las leyes para evitar que ciudadanos, consumidores y Estado "acaben pagando las chapuzas de concesionarias.

Además, ha anunciado que Compromís presentará en el Senado una batería de preguntas sobre los problemas graves de diseño a los que aludió el ministro de Energía del PP, Álvaro Nadal, o las repercusiones de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló parcialmente el real decreto-ley que establecía la indemnización a la concesionaria.

La concesionaria Escal UGS, que estaba participada en un 66,67 % por ACS, percibió una indemnización de 1.350,7 millones de euros por la rescisión de la concesión tras paralizarse el almacén, una cantidad que pagó Enagás, que traspasó los derecho de cobro de la deuda a tres bancos, que cobrarían con cargo al recibo del gas durante 30 años, pero que tras la sentencia del TC vieron interrumpidos los pagos.