El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) y otras nueve entidades culturales y científicas catalanas han enviado una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, donde reclaman que la Agencia Tributaria aplique el derecho comunitario al tratamiento fiscal para el IVA de las subvenciones.

Según ha informado hoy el CoNCA, en su misiva las entidades piden al Ministerio de Hacienda que adopte este criterio para resolver un conflicto que "está incidiendo en la financiación pública y poniendo en peligro la viabilidad de determinados servicios sociales".

El CoNCA y estas entidades catalanas sin ánimo de lucro muestran su preocupación "por el reiterado cuestionamiento de la AEAT en el tratamiento fiscal en el IVA de las subvenciones en relación, esencialmente, con los sectores de investigación, televisiones públicas, transporte público y cultura".

Además del presidente del CoNCA, Carles Duarte, firman la carta representantes de la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña (ADETCA), la Asociación Catalana de Entidades de Investigación (ACER), la Coordinadora Catalana de Fundaciones, el Centre for Genomic Regulation, la Fundación Pasqual Maragall o el Institut de Ciències del Cosmos, entre otras.

El origen del conflicto en el tratamiento fiscal de las subvenciones en el IVA proviene del hecho de que la Agencia Tributaria continúa aplicando el mismo criterio que aplicaba con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Contratos Públicos, según estas entidades.

Esta ley es la transposición de los criterios jurisprudenciales que el Tribunal de Justicia Europeo ha recogido en diferentes sentencias, y en ella se aclaran los requisitos que se deben cumplir para que una subvención no se incluya en la base imponible del IVA.

A criterio de los firmantes, la primacía del Derecho Comunitario obliga a aplicar este criterio como interpretativo de la Directiva europea y de la norma española.

Por todo ello, estas entidades han solicitado al Ministerio de Hacienda que adopte las medidas necesarias para resolver el nuevo conflicto planteado, que incide directamente en la financiación publica y que "en ningún caso obedece a supuestos de fraude o evasión fiscal".

Añaden que la actual política tributaria respecto al IVA de las subvenciones puede representar "importantes y negativos efectos económicos para los diferentes operadores y, en algún caso, para la viabilidad de determinados servicios".

Los firmantes también dejan constancia de que el I+D es "una actividad de interés general y las aportaciones efectuadas por la Administración Pública no están vinculadas al precio". EFE.