Cinco años de lucha y la piscina comunitaria de María José Hernández en Murcia sigue sin ser accesible: "Una empresa la arreglaba gratis"
Tiene 63 años y una enfermedad degenerativa, pero lleva cinco años luchando porque su comunidad de vecinos ponga una silla hidráulica

María José nos cuenta su historia, cinco años después
Murcia - Publicado el - Actualizado
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Un baño en una piscina suele ser sinónimo de paz y relax, de recuperar fuerzas, de vivir un momento agradable y una forma de huir del calor. No siempre es así, porque hay historias de piscinas que son una verdadera pesadilla.
María José Hernández vive en una comunidad de vecinos con piscina en Churra ( Murcia). Desde 2021 —aunque empezó a solicitarlo de palabra en 2019—, ha estado pidiendo una solución para poder acceder al agua de forma digna.
Tiene problemas de movilidad por una enfermedad degenerativa y necesita una silla hidráulica para poder bañarse como el resto de vecinos. A pesar de haber ganado una sentencia judicial que obliga a la comunidad a instalarla, cinco años después sigue sin poder hacerlo, pero el caso es más sorprendente.
una rampa que no sirve para nada
Una lucha que comenzó con una petición razonable. “Llevo desde 2021 pidiendo por escrito una silla hidráulica. Antes ya lo pedía, pero al ser de palabra no consta”, cuenta María José. Desde entonces, ha vivido una serie de obstáculos legales y administrativos que han alargado su lucha de forma inexplicable.
La comunidad de vecinos, en lugar de instalar la silla, optó en 2022 por construir una rampa. Sin embargo, según explica, no solo no soluciona el problema, sino que ha empeorado su acceso al agua.
“La rampa ha costado el doble de lo que pedía, no cumple normativa, solo tiene una barandilla en vez de dos y desemboca en la piscina de niños. Luego tengo que pasar a la de adultos con un escalón de 40 centímetros. Me han puesto dos barreras, no una".
En septiembre de 2023, tras hablar en COPE, María José recibió la llamada de dos empresas —Ballesteros Movilidad y Metalux— que se ofrecieron a instalar la silla de forma totalmente gratuita. “Me regalaban la silla y la instalación”, recuerda. Pero al proponerlo a la comunidad, se negaron. “Argumentaron que ya estaba la rampa, que para qué iban a poner otra cosa.”
A pesar de todo, una sentencia judicial dictada en mayo de 2025 le dio la razón. El juzgado obligó a la comunidad a instalar la silla, desestimando la validez de la rampa. Pero la comunidad recurrió en el último día posible del plazo. “Tuvieron 20 días para poner la silla de buena voluntad, y recurrieron justo el último día”, afirma indignada.
La situación que describe para acceder al agua es denigrante: “Por la rampa me arrastro. Son ocho metros de arrastrarme, me hago daño, es denigrante. Si no es así, necesito a dos o tres personas que me ayuden a entrar y salir. Cada año me cuesta más trabajo, ya no tengo fuerza en las piernas ni equilibrio.”
La silla hidráulica no es un capricho. “Yo hago la transferencia de mi silla a otra todos los días en mi casa. Eso lo puedo hacer sola. Con una silla en la piscina, sería independiente.”

María José con el micro de COPE, hace cinco años
recurso retirado, pero sin solución inmediata
Después de una intensa campaña de apoyo, diez vecinos firmaron una petición para que la comunidad retirara el recurso. “Le pedimos al presidente que lo quitara, y lo consiguió. Pero ya es finales de julio y en agosto los juzgados paran. Este año tampoco podré bañarme.”
Además, denuncia que en la última reunión de la comunidad en mayo, el presidente admitió que debían quitar la piscina por el plan parcial al que corresponde. “Nos dijeron que iban a tirarla, pero no hay ni un papel que lo demuestre. Todo ha sido de palabra.”
María José ha demostrado, sentencia en mano, que la ley está de su lado. Lo que no entiende nadie —ni los medios que han seguido su caso— es cómo puede una comunidad bloquear durante años un derecho tan básico como el acceso a un espacio común.
“Solo quiero poder bañarme como cualquier otro vecino, sin arrastrarme ni depender de nadie”, concluye una mujer que no pidió nada hasta que la enfermedad empezó a agravarse, pero que lleva 25 años viviendo en esa comunidad de vecinos y pagando puntualmente todas sus cuotas.