La vicesecretaria general del PSRM y responsable del área de Igualdad, Gloria Alarcón, ha lamentado que la Región de Murcia sea la comunidad con mayor tasa de víctimas de violencia de género de toda España en el primer trimestre de 2021 y ha exigido al Gobierno de Fernando López Miras "un compromiso firme y contundente contra esta lacra".

"El Gobierno de la Región de Murcia está a la cola del país en medidas, programas y protocolos para erradicar las violencias machistas. Los alarmantes datos de violencias de género en nuestra tierra exigen contundencia y un compromiso firme del Gobierno regional. Algo que un gobierno formado por personas que niegan esta violencia no puede dar", ha explicado.

Los juzgados de violencia sobre la mujer registraron 1.491 denuncias en el primer trimestre del año en la Región de Murcia, prácticamente las mismas que en el mismo trimestre de 2020, en el que sumaron 1.499. Un dato que demuestra que "no se está trabajando para erradicar la violencia machista".

A su juicio, "éste es el resultado de que personas y partidos que niegan las diferentes manifestaciones de la violencia de género marquen las políticas del Gobierno de la Región de Murcia. López Miras ha incluido en su ejecutivo a personas de ultraderecha que niegan las violencias machistas y eso es intolerable", ha apuntado Alarcón.

La educación, señala, "es una herramienta fundamental para erradicar las violencias machistas". En este sentido, "medidas como el veto parental son una amenaza que impiden su erradicación y uno de los principales objetivos de la censura educativa es borrar de las escuelas la educación contra las violencias de género".

"En la Región de Murcia estos datos toman mayor relevancia, porque ponen en evidencia la necesidad urgente de una educación afectivo-sexual y en igualdad", ha recordado la vicesecretaria general, quien ha exigido "protocolos claros de actuación frente a las diferentes manifestaciones de las violencias machistas".

Asimismo, ha resaltado la necesidad de que "se pongan en marcha y se refuercen programas de atención a las víctimas, que atiendas sus necesidades psicológicas, que garanticen su independencia económica de los agresores, tanto de ellas como de sus hijos, y alternativas de vivienda que les permitan una vida independiente en las que se garantice su seguridad", ha finalizado.