Personal sanitario del hospital privado Virgen de la Caridad, de Cartagena, y del público Santa Lucía, en la misma ciudad, comparecerán el próximo 4 de febrero como testigos en la investigación abierta por la muerte de Sara Gómez, la mujer de 39 años que falleció el 1 de enero tras someterse en diciembre a una operación de cirugía estética.

Se trata de las primeras diligencias que ha ordenado la instructora del caso, tal y como han explicado en una multitudinaria rueda de prensa este miércoles los abogados de la familia de la mujer, Evaristo Llanos (que representa a sus padres, hermanos e hija mayor) y Mercedes Murcia (que actúa en nombre del hijo menor).

En concreto, el 4 de febrero comparecerán en calidad de testigos la enfermera y la auxiliar de enfermería que participaron en la operación a la que se sometió Gómez, una lipoescultura, en la clínica Virgen de la Caridad, así como la jefa del servicio de Urgencias y una cirujana del hospital Santa Lucía que atendieron a la mujer durante el mes que permaneció ingresada en cuidados intensivos.

Las testificales continuarán el 21 de febrero, cuando está prevista la declaración de la persona que acompañó a Sara Gómez el día de la intervención, mientras que el 16 de marzo declararán, esta vez como investigados, el cirujano que hizo la operación y el anestesista que la supervisó.

Durante la rueda de prensa, los letrados han mostrado sus dudas sobre la responsabilidad penal que pueda tener este último, ya que, según ha explicado Mercedes Murcia, las competencias profesionales de los equipos médicos están perfectamente delimitadas y cada miembro tiene una responsabilidad concreta, por lo que la labor del anestesista, a priori, podría considerarse correcta.

Para Evaristo Llanos, será clave en esta fase de instrucción la prueba pericial médico-forense, ordenada también por la jueza, para poder determinar el grado de responsabilidad en que ha podido incurrir el médico.

Por ello, ha insistido en que será cuando avance la instrucción cuando se pueda determinar si se está hablando de un presunto “homicidio imprudente”, que acarrea penas de prisión de entre 1 y 4 años, o si se puede aplicar la circunstancia de “dolo eventual”, que elevaría la pena a la horquilla de entre los 10 y 15 años de cárcel.

Tampoco se han calculado aún posibles indemnizaciones a la familia por responsabilidad civil ya que su principal objetivo ahora, ha insistido el letrado, es esclarecer los hechos y que los responsables respondan por la vía penal.

Por el momento, ha indicado también, no consta que hubiera cámaras en el quirófano donde se llevó a cabo la operación, si bien el abogado ha insistido en que ya se ha requerido diversa información al hospital Virgen de la Caridad, que este miércoles ha informado de que su intervención en ese caso se limitó a alquilar el quirófano y el equipo, que ha colaborado con la Consejería de Salud y la fiscalía y seguirá haciéndolo.

Su dirección afirma que las atenciones en el posoperatorio se ajustaron a los protocolos médicos en estos casos al estabilizar a la paciente y trasladarla en una unidad de vigilancia intensiva móvil medicalizada de la Consejería de Salud, como también fueron ajustados a las necesidades de la paciente en todo momento con absoluta garantía los protocolos de transfusión de sangre.

De igual modo, se investigará también el papel de la clínica donde Sara Gómez contrató la operación, la clínica Galena, de Murcia, para saber si el cirujano era un profesional adscrito a la misma o trabajaba de manera independiente, si el material utilizado para la lipoescultura era de su propiedad, o si tenía la titulación y experiencia suficientes para llevar a cabo este tipo de operaciones, entre otras cuestiones.

En la rueda de prensa ha participado también el abogado de la Unión de Consumidores de España, Juan José Gómez, que ha mostrado el apoyo de esta organización a la familia y ha insistido en la necesidad de impulsar una reforma legal para evitar que médicos sin la especialidad de cirugía estética puedan llevar a cabo este tipo de operaciones.

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El portavoz de la familia y padre del hijo menor de la fallecida, Ezequiel Nicolás, ha señalado además que han contactado con la familia a través de las redes sociales otras personas que aseguran haber tenido una mala experiencia tras ser operadas por el mismo cirujano, si bien ha dicho desconocer si había otras denuncias contra él.

Por su parte, el hermano de la fallecida, Rubén Gómez, ha recalcado que el médico ha eliminado de sus redes sociales las numerosas fotografías que compartía sobre operaciones que supuestamente había realizado, y que fueron la carta de presentación por la que contactó con su hermana para someterse a esta intervención.