MUNICIPAL

El PP y el PSOE se culpan mutuamente de gastar el dinero de la sentencia de Iberdrola de modo imprudente

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ISIDRO ABELLAN (PSOE) Y RODA MEDINA (PP)

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

El PSOE y el PP en el ayuntamiento de Lorca se han culpado mutuamente de haber gastado los 8,7 millones de euros que Iberdrola ingresó en el consistorio en 2019 por una sentencia judicial que ahora ha sido revocada por el Tribunal Supremo y que obliga al consistorio a devolver el dinero con intereses, unos 9,3 millones.

El concejal de Hacienda, Isidro Abellán, del PSOE, y la concejala del PP Rosa Medina, se han acusado de falta de transparencia y de provocar una profunda crisis en la economía municipal.

El primero ha pedido la dimisión del portavoz del PP Fulgencio Gil, que era alcalde en el momento en el que Iberdrola ingresó el dinero, en febrero de 2019, después de que el consistorio solicitara la ejecución provisional de la sentencia a sabiendas de que era recurrible.

Para Abellán Gil fue "imprudente” y le ha reprochado que no depositara el dinero en una cuenta del juzgado ya que la cabía la posibilidad de tener que devolverlo, como ha ocurrido, en lugar de destinarlo a gasto corriente.

La concejala Medina ha negado que el ayuntamiento se gastara ese dinero y ha ha asegurado que el documento de arqueo de caja realizado con motivo del cambio de partido en la alcaldía certifica que quedaban en las cuentas municipales, más de 14,5 millones de euros, de los que 8,7 pertenecían al dinero de la eléctrica.

Ha añadido que además de ese dinero el PP dejó en las arcas municipales 6,5 millones de euros de superávit y 12 millones de euros de remanente de tesorería que el PSOE “se ha gastado de forme imprudente y que no está invertido en la calle o en ayudar a los lorquinos, sino que se ha fulminado en gasto corriente y frivolidades”.

El PP ha pedido tener acceso a una copia de la sentencia del Supremo, la elaboración por parte de los técnicos municipales de un informe económico sobre el impacto de la misma que el PP ya reclamó en enero cuando el Alto Tribunal admitió el recurso de casación y la convocatoria urgente de la comisión municipal de cuentas.

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