La oficialidad del euskera en la UE distancia aún más al PNV del PP mientras el Gobierno vasco denuncia "contradiplomacia"

La decisión de los países de la Unión Europea de aplazar la votación sobre la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en las instituciones comunitarias ante la falta de unanimidad entre los Veintisiete ha desatado fuertes críticas desde el PNV hacia el PP, cuya relación ya estaba casi congelada, y también ha provocado una declaración institucional del Gobierno vasco que denuncia una "contradiplomacia que niega la realidad lingüística de millones de europeos". 

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha expresado su rechazo a lo que considera una postura “incomprensible e inadmisible” que utiliza "intereses partidistas" para bloquear el reconocimiento de estas lenguas. 

negar derechos lingüísticos

“El euskera, el catalán y el gallego son parte de la realidad social europea y un patrimonio de Europa. Cabe preguntarse si hay un pensamiento que promueve la negación de derechos lingüísticos de millones de personas”, afirmó, sin mencionar directamente al PP.

La consejera por contra, ha agradecido los esfuerzos del Gobierno español, al que insta a no abandonar esta causa.  "Me cuesta mucho entender a mí y a este Gobierno que alguien en política pueda promulgar algo que vaya en contra del bien común", ha añadido.

"por encima de las zarzas"

Por su parte, el presidente del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado contundente en su mensaje en la red social X, al asegurar que “el euskera tendrá el lugar que le corresponde en Europa” a pesar de las “maniobras sucias del PP”. 

Respecto al uso del euskera en la UE, Esteban ha subrayado que el objetivo se logrará “por encima de todas las zarzas y por debajo de todas las nubes”.  "No perdemos la esperanza. El euskara tendrá el lugar que le corresponde en Europa porque somos una nación", ha asegurado.

132 millones de coste

Para que la propuesta de la oficialidad de estas tres lenguas salga adelanta se necesita la unanimidad de los Veintisiete. Como no ha sido así, se ha decidido posponer la votación  por las dudas legales, financieras y políticas que existen. 

El Gobierno de Sánchez se ha comprometido a asumir los costes estimados en 132 millones de euros al año, según cálculos de la Comisión Europea.