El Gobierno de Pedro Sánchez trasladó ayer al Ejecutivo vasco un nuevo programa con el que transferir todas las competencias aun pendientes del Estatuto de Gernika, menos la gestión de la Seguridad Social. Una de las materias que por las que más ha luchado el PNV durante los últimos años es la de la gestión de las prisiones vascas. Una decisión que supondría que éstas estuvieran en el poder del Ejecutivo autonómico a partir de marzo de 2021.

El primer traspaso tuvo lugar en abril del 2019, cuando se hizo público el calendario de trasferencias. Un traspaso considerado un guiño de Sánchez a Urkullu para asegurarse el voto a favor en los Presupuestos.

En junio fue público el segundo traspaso, en este caso en tres nuevas materias, pero el resto de las 29 competencias quedaron pendientes hasta que no se conformara el nuevo Gobierno autonómico con las elecciones del 12 de julio.

La semana pasada se retomaron por fin los contactos. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y la consejera vasca, Olatz Garamendi decidieron cerrar el traspaso del Ingreso Mínimo Vital para el mes de noviembre. De momento se espera el primer bloque de materias para diciembre y así cerrarse en marzo. El segundo será de junio a octubre de 2021 y de ahí en adelante ambos Gobiernos podrían hablar del traspasado de la gestión económica de la Seguridad Social.