Un exalcalde de Alonsotegi del PNV se declara culpable de corrupción para evitar la cárcel

El exalcalde de la localidad vizcaína de Alonsotegi del PNV, José Luis Erezuma, el arquitecto municipal, Alberto Zulueta y los constructores de Laneder, Eduardo Ibarra y Francisco Javier Bediaga, se declararán culpables por tres de tres delitos de corrupción, por prevaricación, falsedad documental y fraude por el cobro de subvenciones públicas para unas obras que no ejecutaron. En base a un preacuerdo entre las partes, los encausados aceptarán la pena de dos años de prisión y devolverán el dinero defraudado, 681.000 euros más los intereses, con lo cual eludirían la cárcel. Además, deberán establecer un calendario de pagos para hacer frente a la responsabilidad civil derivada de los delitos. La suma ascendería más de 900.000 euros, teniendo el cuenta la cantidad defraudada y los intereses devengados.

José Luis Erezuma (PNV), alcalde de la localidad encartada entre 2011 y 2015, será juzgado este martes en la Audiencia de Bizkaia ya que el preacuerdo alcanzado ha supuesto la suspensión del juicio que se iba a celebrar este martes, pero todavía debe ser ratificado por la Audiencia Provincial de Bizkaia.

La defensa de los acusados, que podrían ser condenados hasta penas de hasta ocho años de cárcel, han llegado a este preacuerdo con las acusaciones ejercidas por la Fiscalía, la Diputación de Bizkaia, el Ayuntamiento de la localidad y el grupo de EH Bildu.

Dinero para tapa agujeros

La suspensión de la pena estará condicionada a que el exalcalde jeltzale José Luis Erezuma y los otros tres acusados realicen los pagos. De no hacerlo, ingresarían en prisión para cumplir una condena de dos años. Para que haya una garantía de que devolverán el montante establecido, ofrecerán varios inmuebles, que, de no efectuarse el pago, les serán embargados.

Según las acusaciones, los hechos se remontan al año 2011, cuando el Ayuntamiento pidió una subvención a la Diputación de Bizkaia para la reparación de unos desperfectos causados por la lluvia. La ayuda no se utilizó para ese finalidad, sino para pagar a una empresa constructora una deuda que el Consistorio había contraído por una obra.

Los procesados se habrían puesto de acuerdo para cometer el fraude. De esta forma, realizaron certificaciones falsas para justificar que se habrían reparado unos daños causados en el municipio por unas fuertes lluvias.