El Parlamento de La Rioja renuncia al alquiler de 33 plazas de aparcamiento destinadas a los diputados que a partir de ahora podrán apostar por la bicicleta o el transporte público: 142.767,90 euros

La mesa del Parlamento de La Rioja ha acordado renunciar a la adjudicación del contrato de arrendamiento de 33 plazas de aparcamiento destinadas a los diputados regionales.

La decisión se ha tomado “por razones de interés público” y supondrá un ahorro para las arcas autonómicas, dado que el presupuesto previsto para este contrato ascendía a 142.767,90 euros para un periodo de cinco años.

La sede del Parlamento de La Rioja, ubicada en la calle Marqués de San Nicolás, número 111, en Logroño,  carece de aparcamiento propio, lo que motivaba el mantenimiento de este servicio para los parlamentarios. Sin embargo, según la presidencia de la Cámara, una vez consolidado el modelo de “profesionalización de la actividad parlamentaria”, ya no resulta necesario seguir con esta prestación. 

 ¿Por qué se ha tomado esta decisión?  

La razón principal que se ha esgrimido es la mejora en la eficiencia en la gestión pública y el ajuste de recursos en un contexto de mayor escrutinio ciudadano.

Al asumir que los diputados disponen de medios alternativos para desplazarse, como transporte público, bicicleta o aparcamientos generales, la mesa ha considerado que la ventaja de plazas reservadas a la Cámara ya no es justificable.

Además, el contrato licitado en septiembre contemplaba condiciones más amplias, 33 plazas, algunas disponibles 24 horas al día, todos los días del año; otras, de lunes a viernes. El coste superaba ampliamente el de la adjudicación precedente de 2021, cuando se abonaron unos 104.000 euros por 30 plazas. 

Con estos datos sobre la mesa, renunciar al arrendamiento representa también un gesto simbólico hacia la austeridad institucional.

 Qué implicaciones tiene el cambio  

Para los diputados: A partir de ahora, tendrán que asumir por su cuenta los desplazamientos o el aparcamiento si desean plaza reservada. Podrán apostar por la bicicleta o el transporte público.

Para la institución: Refuerza la imagen de una Cámara comprometida con la racionalización de recursos públicos y alinea su funcionamiento con criterios de transparencia y responsabilidad.

Para la ciudadanía: La medida puede interpretarse como un paso hacia una administración más ligera, lo que favorece la percepción de cercanía y buen uso del dinero público.

El hecho de que se haya elevado la razón al “interés público” deja patente que la decisión no es sólo técnica sino también comunicativa. La Cámara ha presentado el cambio como coherente con la modernización del Parlamento autonómico. 

 Un paso más en la profesionalización del Parlamento  

La Cámara riojana ha argumentado que la “actividad profesional de los diputados” ya está suficientemente consolidada, y que por tanto el uso de plazas específicas ya no constituye un servicio imprescindible. Esta fórmula plantea una visión moderna del cargo público, menos orientada al privilegio y más al desempeño institucional.

Este planteamiento se alinea con las expectativas crecientes de la ciudadanía respecto al buen funcionamiento de las instituciones y la optimización del gasto público. En este sentido, el Parlamento de La Rioja se avanza a la tensión actual en torno al uso de recursos institucionales, adaptándose al interrogante de “¿qué privilegios son legítimos y cuáles no?”.

La renuncia al contrato de alquiler de 33 plazas de aparcamiento por parte del Parlamento de La Rioja marca un hito simbólico y práctico en la gestión autonómica. A través de esta decisión, la institución reafirma su compromiso con la eficiencia, la profesionalización y el buen uso del recurso público. En un momento en que la transparencia y la responsabilidad institucional están bajo el foco, este tipo de gestos se convierten en señales de credibilidad hacia los ciudadanos.

La medida, además, puede servir como ejemplo para otras cámaras y administraciones locales que evalúan actuaciones similares para responder a nuevas exigencias de gestión pública, economía de medios y rendición de cuentas a la sociedad.