Según la información publicada en el Diario La Rioja, la Justicia ha vuelto a dar la razón a los centros concertados frente a la resolución dictada en 2020 por el entonces consejero de Educación del Gobierno de La Rioja, Luis Cacho. El titular de Educación modificó a la baja los conciertos educativos de varios centros de Logroño en pleno proceso de desescalada por el covid, suprimiendo en total, una unidad en Escolapias en primer curso del segundo ciclo de Infantil; otra en primero del mismo ciclo en Alcaste, y una última, también en primero, en Salesianos.

Tres años después, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha acordado declarar nulas aquellas resoluciones y por tanto la supresión de las mencionadas aulas que debía haberse hecho efectiva a partir del curso 2020-2021.

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja ha exigido a la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, "responsabilidades" así como que les ofrezca unas "disculpas" por "los ataques de su Gobierno a la educación concertada que la Justicia ha debido revocar".

La Plataforma celebra que las ocho demandas presentadas ante la Justicia durante la legislatura han sido resueltas favorablemente. Las sentencias demuestran "que las medidas de la Consejería de Educación eran estrictamente políticas, ideológicas y no se ajustaban a derecho".

Las ocho demandas presentadas ante la Justicia durante esta legislatura para frenar las resoluciones del Gobierno de Concha Andreu contra la educación concertada "han sido resueltas positivamente para esta red". La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja celebra estas sentencias y exige a Concha Andreu "que pida disculpas y asuma la responsabilidad por las medidas ideológicas, estrictamente partidistas y al margen de la ley tomadas por su Ejecutivo".

"Son cuatro años de desgobierno en los que han conculcado, sin ningún pudor, derechos fundamentales de los ciudadanos riojanos", afirma Ana Isabel Preciado, portavoz de la Plataforma.