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La Plataforma por la Libertad de Enseñanza denuncia la falta de diálogo del Gobierno de La Rioja

Concentración, en el exterior de Riojafórum, con ocasión del acto inaugural del VII Congreso Estatal de Convivencia

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Tito AlcaláLogroño

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 22 abr 2022

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja se concentraba esta jueves, en el exterior del Palacio de Congresos Riojafórum de Logroño, con ocasión del acto inaugural del VII Congreso Estatal de Convivencia. Queriendo denunciar "la falta de diálogo y de voluntad de acuerdo del Gobierno regional".

Bajo el lema “Sin diálogo no hay convivencia”, la plataforma reclamará al Ejecutivo riojano un "trato justo e igualitario para la Escuela Católica Concertada", algo que no existe, a su juicio, desde el comienzo de la Legislatura.

Ana Isabel Preciado, portavoz de la plataforma, pide a la presidenta, Concha Andreu, y al consejero de Educación, Pedro Uruñuela, que, por lo menos, escuchen sus problemas y demandas, ya que sólo han aplicado hasta ahora "una política de rodillo y oídos sordos".

La concentración daba comienzo a las 16,15 horas, minutos antes de la apertura de ese VII Congreso Estatal de Convivencia al que acudían, entre otros, la presidenta regional y la ministra de Educación, Pilar Alegría.

Problemas sin respuesta

En una rueda de prensa, la organización ha explicado los problemas que viene denunciando desde hace tiempo: un proceso de admisión injusto, una financiación desigual y un trato desfavorecedor hacia los estudiantes, familias y docentes de la red concertada. “El proceso de admisión de alumnos ha sufrido un drástico cambio normativo que no garantiza el derecho a elección de red educativa por parte de las familias. La planificación escolar se realiza desoyendo sus demandas y hay familias que no pueden acceder a un centro católico concertado, aunque así lo quieran.

Este tema ha sido especialmente notorio en las localidades de Santo Domingo de la Calzada y Alfaro”, han señalado. Además, las familias afectadas han solicitado reunirse con el consejero, pero sus peticiones “han sido desoídas por escrito por el señor Uruñuela con absoluta falta de sensibilidad y de rigor en su argumentación”.

Por otro lado, denuncian que las propuestas aprobadas por mayoría en la Comisión de Conciertos han sido desatendidas. “No se responde a las peticiones manifestadas en los órganos de participación establecidos en materia de escolarización. En el Consejo Escolar de La Rioja, las propuestas del sector son sistemáticamente rechazadas. Además, la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada lleva seis meses sin reunirse. Hemos solicitado ser convocados, pero seguimos sin respuesta”, han añadido.

En cuanto a la financiación, la Plataforma ha recordado que la enseñanza concertada está aquejada de un déficit que se ha agudizado con el Gobierno de Concha Andreu. “Este menoscabo limita la posibilidad de mejorar la calidad del servicio educativo que la Administración debe proveer a todos los riojanos, a través de todos los centros sostenidos con fondos públicos, que deben contar con los mismos recursos humanos y materiales”, han afirmado.

Para poner de manifiesto el trato discriminatorio que reciben los alumnos y las familias riojanas que eligen un centro de educación concertado, han expuesto algunas cifras: “Durante la pandemia, se incrementó alrededor de un 5% la plantilla de centros públicos para contratar a más de 220 profesores destinados al desdoble de aulas. Sin embargo, a la concertada solo llegaron cuatro docentes más. Incluso así, la concertada ha resuelto por igual esta difícil situación de pandemia”.

Este trato discriminatorio también lo padecen los docentes de los centros educativos de la red concertada. “Durante el mandato de Concha Andreu, no han mejorado sus condiciones laborales. No se han homologado sus condiciones retributivas, no se les aplican los sexenios, ni los tramos de la carrera profesional, ni la inmensa mayoría de los complementos de coordinación docente -han destacado-. La reducción de la carga lectiva que disfrutan los docentes de la enseñanza pública es una demanda histórica que tampoco ha obtenido respuesta”.


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