ASMEN alerta del riesgo de desorden y competencia desleal con la nueva norma estatal del chárter

La Asociación de Empresarios Náuticos de Menorca (ASMEN) ha manifestado su profunda preocupación tras la publicación, este martes, de la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante que permite el uso comercial temporal de embarcaciones privadas —las conocidas como de lista séptima— sin una coordinación clara con las comunidades autónomas que, como Baleares, tienen competencias propias en la ordenación del litoral y la regulación del chárter náutico.

En una entrevista esta mañana en Herrera en COPE Menorca, el presidente de ASMEN, Gabriel Massanet, ha advertido que la medida “puede poner en riesgo años de trabajo en defensa de un modelo profesional, seguro, sostenible y con garantías”.

❝No se pueden permitir reglas diferentes para quienes hacen negocio❞  

Massanet ha recordado que, aunque la resolución estatal incorpora ciertos requisitos técnicos, de seguros y de gestión empresarial, sigue abriendo la puerta a una liberalización encubierta del sector, especialmente grave en plena temporada turística. ASMEN defiende que cualquier actividad comercial debe someterse a las mismas condiciones que ya cumplen las empresas autorizadas: inspecciones periódicas, seguros específicos, titulaciones profesionales y obligaciones fiscales y medioambientales.

Además, Massanet ha alertado sobre la autorización del Gobierno central a comercializar embarcaciones a través de plataformas como Airbnb. En este sentido, recuerda que en Menorca la normativa autonómica es clara: en puertos como el de Ciutadella no está permitido hacer vida a bordo, por lo que esta nueva posibilidad de explotación supone —dice— una clara contradicción entre la normativa estatal y la autonómica.

Pide más vigilancia: “No basta con una embarcación al mes”

Gabriel Massanet ha reclamado también más recursos para vigilar el cumplimiento de las normativas, tanto estatales como autonómicas. En COPE Menorca ha denunciado que solo hay una embarcación de la Guardia Civil que viene una vez al mes a controlar la actividad en el mar, lo que, según ASMEN, es claramente insuficiente.

“No basta con buenas leyes si no hay nadie que las haga cumplir. Necesitamos más presencia de las fuerzas de seguridad en el litoral para evitar el intrusismo y proteger la seguridad de los usuarios”, ha afirmado.

ASMEN ha trasladado al Govern balear la necesidad de establecer mecanismos eficaces de vigilancia y control, y pide al Gobierno central que abra un diálogo urgente para adaptar la aplicación de la norma a realidades como la de Baleares. Reclaman una fórmula de aplicación diferenciada que evite duplicidades legales y proteja a las empresas que sí cumplen con todas sus obligaciones.

Desde la asociación, concluyen, seguirán defendiendo un modelo de gestión basado en la calidad, la seguridad, el respeto al medio ambiente y la equidad entre operadores. Y advierten: “Esta resolución es un paso atrás si no va acompañada de medidas de control rigurosas y adaptadas al territorio”.