La Plataforma en defensa de la Universidad Popular de Ourense (UPO) califica de "desprecio, aldraxe e ninguneo" el trato dado a profesores y alumnos en el desalojo de las aulas, de la sede que ocupaban en el complejo cultural de San Francisco, que se produjo la semana pasada por orden del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

Así lo denunció hoy en rueda de prensa, el portavoz de la plataforma, Ovidio Quintas: "No apoyamos la privatización que pretende hacer el alcalde, no apoyamos su desmantelamiento para que se traslade a la Diputación, porque es volver al inicio que siempre rechazamos, y porque si la Diputación quería ayudar a la UPO no debería haber permitido el desalojo indiscriminado e intolerable que se hizo con los alumnos y profesores del edificio", señaló.

La Plataforma en defensa de la UPO culpa al alcalde de Ourense y a la Diputación Provincial de la desaparición de la entidad educativa, y reivindica su mantenimiento dependiendo del Concello: "Queremos a la UPO en el Concello. Es un servicio municipal ejemplar, que funcionaba a la perfección y en el que no había problemas sino que, más bien, interesó crearlos. Satisfacía plenamente a todos sus usuarios y el coste era medio-bajo", reclamó Ovidio Quintas.

Los grupos municipales de PSOE, BNG, Ciudadanos y concejales no adscritos del Concello de Ourense, que forman parte de la Plataforma, acusaron al alcalde y al presidente de la Diputación de haber desalojado el edificio de la Universidad Popular, ocupándolo con las aulas de la Escuela de Artes y Oficios, "sin que exista ningún acuerdo por escrito que avale la cesión", como señaló la concejala del BNG, Ruth Reza.

Además, el portavoz del PSOE, Rafa Villarino, recordó que han solicitado informes a la Asesoría Jurídica, al Oficial Mayor y a la Secretaría del Concello sobre el carácter vinculante del acuerdo adoptado en Pleno "que impide que la UPO sea eliminada del panorama cultural de Ourense".

José Araújo, de Ciudadanos, consideró injusto lo que está sucediendo con la Universidad Popular ourensana, y lo atribuyó a "un plan establecido y pactado por Democracia Ourensana y PP".

Y el concejal Miguel Caride, desde el grupo de no adscritos, hizo un "llamamiento a la reflexión y a la racionalidad" al Concello y a la Diputación, porque "se está cercenando una actividad formativa muy importante y no tiene sentido que las cosas que funcionan, y funcionan bien, se tengan que cambiar", sentenció.

La Plataforma en defensa de la Univerisidad Popular anuncia próximas acciones reivindicativas.