El motivo por el que a estos vecinos de Galicia les beneficia tener parques eólicos cerca: "Las empresas tienen que hacer autocrítica..."

Se trata de proyectos aún a medio plazo, pero la puerta está ya abierta: la Xunta ha autorizado los dos primeros parques eólicos que van a suponer beneficios sociales directos para las poblaciones a las que afecten.

Los parques de Baro y Greco, el primero en la provincia de Lugo y el segundo a caballo entre Pontevedra y Ourense, repartirán sus molinos de viento, en un total de 17 municipios siempre que la tramitación ambiental que tienen que emprender ahora los respalde.

Este aspecto lo subrayaba en una entrevista en COPE Galicia Pablo Fernández Vila, director xeral de Planificación Enerxética e Minas: saldrán adelante siempre sin restar garantías ambientales, pero atendiendo a la nueva Lei de Recursos Naturais de Galicia que entró en vigor en enero de este año. 

"Hay una serie de medidas, como puede ser la reducción en la factura de la luz, vamos a ver descuentos para los vecinos que se quieran acoger a la propuesta del promotor, que pueden suponer descuentos de hasta 300 euros al año, y medidas que se aplicarán a las familias pero también a las pymes".

Se contempla además la posibilidad de participación en el capital social del proyecto, con un 5% de interés anual, así como un descuento en instalaciones de autoconsumo solar del 20% en un plazo de 5 años, o créditos a tipo de interés cero para iniciativas empresariales de hasta 50.000 euros, entre otras medidas. Asimismo, en la construcción de los parques, el promotor deberá priorizar la contratación de mano de obra local y fomentar de la inserción laboral de mujeres y personas jóvenes. 

En algunos casos, estas medidas se aplicarán durante toda la vida útil del parque, outras tienen una vigencia de 8 o 10 años.

¿CUÁNDO HAY QUE EMPEZAR A PENSAR EN CAMBIAR DE COMPAÑÍA ELÉCTRICA?

La tramitación de estos nuevos parques, al ser de más de 50 MW, depende del gobierno central, así que posiblemente el plazo para que sean una realidad no bajará de los tres años.

La pregunta al Director Xeral de Planificación Enerxética es obligada: ¿y por qué no se ha legislado antes en esta dirección? Fernández explica que "con la ley del sector eléctrico, esa exigencia no  podía existir", pero asegura que desde la Xunta sí que se pusieron en marcha "determinados mecanismos legislativos que promovieron la generación de riqueza en el territorio". Cita como ejemplos los acuerdos entre las empresas y los ayuntamientos, para que las administraciones locales participasen en los beneficios del parque, o "los contratos PPA,  de compraventa de la energía a precios competitivos con la industria gallega".

Pablo Fernández insiste en que con la nueva ley "hemos querido ser mucho más ambiciosos" y recuerda además que afecta a todos los proyectos que parten del aprovechamiento de recursos naturales: pone como ejemplo la Mina de Doade, en Ourense,  seleccionada a comienzos de este año por la Comisión Europea dentro de la lista de proyectos estratégicos. 

¿Final del "eólicos sí pero non así?"

Fernández es cauto a la hora de valorar si con estos nuevos proyectos que traerán aparejados beneficios sociales para los concellos donde se implanten se conseguirá aplacar el rechazo de algunos sectores sociales frente a las explotaciones energéticas.

Sin embargo, deja también un mensaje a las empresas: "esta administración no hace las cosas siempre bien, nos confundimos... eso vaya por delante, pero también le decimos al sector eólico que seguramente no han hecho las cosas correctamente para llegar al punto en el que nos encontramos" 

Recuerda que en este momento prácticamente hay un "no a cualquier proyecto energético, por eso creemos que una mayor aceptación social pasa por genera riqueza allí donde se van a implantar".

Con la nueva ley, cualquier proyecto energético va a suponer un beneficio claro para la ciudadanía

Pablo Fernández

Director Xeral de Planificación Enerxética e Minas

Desde la Asociación Eólica de Galicia (EGA) insisten sin embargo en que el problema de fondo es la politización que manda en el debate eólico. Su presidente, José Manuel Pazo,  cree que los grupos "negacionistas, no ecologistas", van a ir a por los nuevos parques "igual que van a por los nuestros, porque no les importa  la parte social, a ellos lo que les importa es la parte política, no estamos hablando del bien del consumidor", asegura.

"Son grupos muy bien formados, como en su día los de la autopista... o de cualquier proceso industrial que se intente implantar en Galicia". Señala al BNG como alentador de estos colectivos, poruqe "está publicitando fakes a la ciudadanía".

En una entrevista en COPE Galicia, el presidente de AGE recuerda que 118 ayuntamientos gallegos tienen en estos momentos implantados parques eólicos "y no tenemos ningún problema en ellos". Subraya que pagan 12 millones de euros en alquileres, por ejemplo a comunidades de montes, o 150 millones de euros en impuestos, "más de 6.000 trabajadores directos y la mayor aportación al PIB" de cualquier comunidad. 

un antes y un después tras el respaldo del tribunal europeo 

Desde EGA creen que la recIente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que respalda la tramitación que ha venido haciendo la Xunta de los proyectos eólicos, marcará un punto de inflexión: aplauden la "contundencia" del TJUE pero reconocen que todavía queda trecho para desbloquear los entorno a un centenar de parques paralizados durante los últimos años. 

Hay una mayoría silenciosa a favor de la energía eólica

José Manuel Pazo

Presidente de AGE

Pazo insiste en que las sentencias desfavorables dictadas en los últimos años por el Tribunal Superior e Xustiza de Galicia han generado una inseguridad jurídica que llevó a importantes proyectos, con gran dependencia energética, a optar por otras comunidades españolas.  Pone como ejemplo Aragón, "que ha captado el centro de datos de Amazon, de Microsoft... la fábrica de baterías que tanta falta nos hacía aquí en Galicia al tener la industria del automóvil, tanto para aquí como para el norte de Portugal".

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EGA

José Manuel Pazo

La patronal eólica insiste en solicitar tanto a la Xunta como al gobierno de España que trasladen de una vez las normativas comunitarias que permitirán revertir esta situación de inseguridad jurídica en la que, aseguran, "los únicos que pierden son los consumidores, que pagarán la energía más cara".