Huyen de Perú, rehacen su vida en Galicia y, dos años después, lo pierden todo por un cambio legal: "No tiene sentido"

En 2021, María y Andrés (nombres ficticios) huyeron de Perú tras vivir una experiencia aterradora: estaban amenazados: "Yo trabajaba para el Ministerio público. Constantemente era amenazado con piedras… y una bomba explotó en la calle", destruyendo coches y motos, y dejando claro que su vida y la de sus hijos estaba en peligro. Por eso, tomaron la difícil decisión de abandonar su país y buscar refugio en España, donde solicitaron protección internacional al llegar.

Escogieron España por el idioma, y porque les aseguraron que podrían iniciar una nueva vida. Presentaron su solicitud de asilo, pero desde entonces viven bajo el “silencio administrativo”: ni aprobado, ni denegado, simplemente sin respuesta. 

Una vida construida desde cero que ahora puede venirse abajo  

A pesar de la incertidumbre, Andrés y María lograron integrarse plenamente en Milladoiro, en el municipio gallego de Ames, en la comarca de Santiago. Con sus permisos provisionales, obtuvieron trabajo: él en una empresa de serigrafía y ella como dependienta en una tienda. Sus hijos están escolarizados y la familia dejó de necesitar ayudas sociales.

“Nosotros nos manteníamos con un solo empleo cada uno, cotizábamos, estábamos integrados, ya no dependíamos de nadie”, explicó Andrés en la entrevista concedida a COPE. Pero su vida dio un vuelco con los cambios en la Ley de Extranjería, que cambia los procedimientos para la regularización.

Aconsejados por abogados y trabajadores sociales —que no tenían claras las implicaciones del cambio legal— decidieron abandonar el proceso de asilo y optar por el “arraigo social”, otra vía para regularizarse en España.

Para ello, tuvieron que desistir del asilo, dejar de trabajar temporalmente y presentar una nueva documentación. Lo hicieron, pero ahora se encuentran atrapados en un vacío legal. 

normativa que castiga a quienes ya estaban integrados  

El problema es que la nueva normativa no contempla adecuadamente los casos de personas que ya estaban trabajando y contribuyendo al sistema. “Nuestra tarjeta roja sigue vigente, pero no podemos usarla. El arraigo nos lo denegaron porque la policía no ha confirmado si realmente desistimos del asilo. Estamos en un limbo legal”, cuenta María.

Ambos han perdido sus empleos. Las empresas, temerosas de las implicaciones legales, no quieren mantener contratos con personas cuya situación no está clara. Ni siquiera pueden acceder a las prestaciones por desempleo pese a haber cotizado durante más de dos años. “No sabemos qué pasa con ese dinero”, denuncia Andrés. Su caso no es aislado: el cura de Milladoiro, Josecho Guldrís, estima que al menos 36 familias en la parroquia viven situaciones similares. Pero es que podrían estar en esta situación 200.000 personas en España.

La paradoja: cuando trabajar y cotizar no basta  

Este matrimonio de jóvenes treintañeros lo resume con crudeza: “Parece que el sistema nos quiere fuera. Esta ley no tiene sentido. Si ya estábamos trabajando, cotizando y con nuestros hijos escolarizados, ¿qué más integración quieren?”. En su experiencia con las instituciones, también ha vivido episodios de discriminación: una trabajadora de Santiago le dijo que “volviera a su país y regresara en patera para recibir ayuda”.

Me dijeron que para recibir ayuda tenía que volver a mi país y regresar en patera

María

Peruana que queda sin trabajo por los cambios en la Ley de Extranjería

Desde Cáritas y otras organizaciones, denuncian que el cambio legislativo ha sido caótico, con efectos retroactivos de facto, y una total falta de información que ha atrapado a miles de personas en una trampa legal. “Los legisladores no han medido las consecuencias. Se está castigando a los que hicieron todo bien”, afirmó Josecho. 

 A la espera de una solución que no llega: "NOS OBLIGAN A LA ILEGALIDAD"

Hoy, María y Andrés no saben qué hacer. Están esperando una respuesta administrativa que no llega, condenados a no poder trabajar de forma estable y con el temor de tener que volver a empezar de cero, otra vez. “Queremos trabajar, no vivir de ayudas. Pero nos están obligando a la ilegalidad”, lamenta Andrés.

Mientras tanto, intentan que sus hijos no sientan el peso de la incertidumbre. La mayor ya empieza a comprender la situación. “Queremos que se enfoquen en sus estudios, no queremos que vivan con miedo como nosotros”, dice María.

Su historia no es solo un caso más de burocracia: es el reflejo de una legislación desconectada de la realidad, que amenaza con truncar vidas que solo buscan un futuro mejor y que ya estaban integrados, de hecho, con autonomía económica en un país que necesita mano de obra en muchos sectores.