El PP defiende en el Parlamento a los vecinos desahuciados en Burela

La viceportavoz del Grupo Popular, Elena Candia, defendió hoy a las 16 familias de Burela amenazadas de desalojo por parte de la SAREB y demandó al Gobierno de España que evite esta actuación de la sociedad pública en un inmueble calificado como de protección autonómica hasta el año 2029. “La solución pasa porque la SAREB reconsidere su criterio y permita la prolongación de los contratos de alquiler”, indicó.

Elena Candia explicó que la SAREB es una sociedad anónima en la que el Estado ostenta el 45,9 por ciento del capital, “por lo que es el Estado lo que tiene toda la información y capacidad de poder intervenir, mediar y resolver de forma satisfactoria una situación como la de Burela, que también se está repitiendo en otras localidades gallegas como Narón, Ares o Silleda.

“Tanto desde lo Gobierno gallego como dede el Grupo Popular velaremos por el cumplimiento estricto de las condiciones que establece la normativa para este tipo de viviendas, con el fin de asegurar que se destinen a alquiler hasta la finalización del período establecido”, señaló la viceportavoz popular.

La Justicia, con el Gobierno Gallego

Asimismo, Candia se refirió al informe del Consejo General del Poder Judicial que tumba el proyecto de Ley de vivienda del Gobierno central, un documento que había previsto aprobar en el Consejo de Ministros de mañana, martes. “Este pronunciamiento del CGPJ le da una vez más la razón a la Xunta en sus conflictos con el Estado, después de que la Justicia había reconocido el deber de devolver el IVA pendiente de 2017”, recordó.

En este caso, desde lo Gobierno gallego se defendía que la futura Ley estatal es inconstitucional por invadir las competencias autonómicas en la materia, atribuidas de forma exclusiva a Galicia tanto por la Constitución Española como por el Estatuto de Autonomía. En concreto, a través de esta nueva ley, el Gobierno central pretendía asumir competencias que corresponden a la Comunidad gallega sobre la vivienda protegida, la gestión del parque público residencial de titularidad autonómica o alterar los períodos de protección que afectarán a todo el parque público.