Los albergues de peregrinos del Camino de Santiago ven inasumible el nuevo registro de viajeros aprobado por Interior

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl) y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la provincia de Lugo se oponen al nuevo sistema de registro de viajeros que el Ministerio del Interior puso en marcha -con el Real Decreto 933/2021-. 

Ambas entidades han emitido un comunicado conjunto para expresar su rechazo a esta medida, porque consideran que “incumple las normativas europeas sobre libre circulación de viajeros y protección de datos”, además de generar “dudas sobre la legalidad en la recogida, custodia y transmisión de los datos”.

El presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en la provincia de Lugo, Ángel Trabada, recordaba en COPE Lugo que los albergues que atienden a los peregrinos en los distintos tramos de las rutas jacobeas no tienen capacidad suficiente para recopilar “toda esa cantidad de datos” que exige el nuevo registro de viajeros.

Recuerda que, muchas veces, son establecimientos ubicados en zonas rurales donde ni “siquiera tienen buena cobertura de internet”. Además, son “pequeños negocios en los que la gestión diaria recae a menudo” en los propietarios, que tienen que estar pendientes de todo lo relativo a la atención a los caminantes.

Funcionan, recordó, con un personal mínimo y, además, tampoco tienen una previsión de llegada de caminantes, porque no disponen “un sistema de reservas como los hoteles”.

los hosteleros también se oponen

Por otra parte, el texto propuesto “introduce obligaciones administrativas excesivas para los alojamientos turísticos”, según la opinión del presidente de la Apehl, Cheché Real.

La Apehl y Amigos del Camino le solicitan al Ministerio del Interior que se revise el contenido del Real Decreto y acepte abrir un proceso de diálogo con el sector antes de su aprobación definitiva, “con el fin de garantizar un equilibrio entre la seguridad, la protección de datos y la sostenibilidad de la actividad turística”.

Real y Trabada piden que “se recupere el sentido común para plasmarlo en una norma sencilla, proporcionada, ajustada a derecho y que permita cumplir los objetivos de mantenimiento e incremento de la seguridad en España”.