El ministerio fiscal solicita en el escrito de acusación de una de las piezas separadas de la Operación Carioca, concretamente la que hace referencia a los clubes Queen's y La Colina, en Lugo y Outeiro de Rei, más de quinientos años de cárcel para José Manuel García Adán y su lugarteniente José Manuel Pulleiro.

En concreto, en ese escrito de acusación, la Fiscalía pide para García Adán casi 269 años de cárcel y casi 249 de reclusión para Pulleiro, así como casi seis años de prisión para una ciudadana brasileña que supuestamente se ocupaba de contactar con sus compatriotas en su país de origen.

El ministerio fiscal considera que los dos principales acusados han cometido un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, cincuenta y cuatro delitos de prostitución coactiva y veintisiete delitos contra los derechos de los trabajadores.

Además, a García Adán le imputa dos delitos a mayores contra los derechos de los trabajadores, dos delitos de amenazas, tenencia ilícita de armas y un delito contra la salud pública por drogas en un establecimiento abierto al público.

Según el ministerio público, al menos desde el año 2005, García Adán y Pulleiro, con la colaboración de la otra acusada, “localizaban a mujeres brasileñas que se encontraban en su país de origen, teniendo pleno conocimiento de su precaria situación económica, personal y familiar, para que vinieran a ejercer la prostitución en los clubes Queen's y La Colina”.

Era la acusada de nacionalidad brasileña, que se hacía llamar “Leticia”, la que se ponía en contacto con ellas y les explicaba “las condiciones del viaje a España”, así como que “tenían que hacerse pasar por turistas” al “llegar al control del aeropuerto”.

Las mujeres contraían “una deuda de aproximadamente 3.000 euros que deberían resarcir mediante el ejercicio de la prostitución en los mencionados clubs”, para lo cual se les descontaba diariamente “un porcentaje de lo ganado con las copas y los servicios sexuales”.

Mediante ese método, sostiene el fiscal, los acusados introdujeron en España a una treintena de mujeres.

“Con el objetivo de conseguir que las mujeres que acudían a sus clubs no abandonasen el ejercicio de la prostitución”, ambos crearon “un ambiente de violencia, generando un clima de temor, caracterizado por la agresividad de los acusados”, precisa el ministerio público, de forma que era habitual que García Adán llevase “de forma intimidatoria armas”.

Las mujeres que trabajaban en esos clubes “carecían de cualquier derecho inherente a su actividad laboral”, dado que no tenían “contrato de trabajo” ni “seguro médico”.

Su vida en los burdeles se regía “por una serie de normas no escritas”, llegando a imponerles multas los proxenetas, “que oscilaban entre treinta y sesenta euros”, cuando no iban a trabajar o si se llegaban tarde.

“Las condiciones en las que trabajaban las mujeres eran de extraordinaria dureza, tanto por las normas de trabajo impuestas, como por las reglas de conducta y convivencia fijadas por las acusados”, sostiene el ministerio público.

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Asimismo, trabajaban en esos locales “mujeres mayormente extranjeras, que carecían de residencia legal en España y que se encontraban en una difícil situación económica, personal y familiar”.