A la espera de que el Gobierno de España “mueva ficha” y anuncie la intervención de la única fábrica de aluminio primario que sigue funcionando en el país, el comité de empresa iniciará desde hoy las gestiones para impugnar el ERE que pretende aplicar Alcoa ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y tiene previsto pedir medidas cautelares para evitar el cierre de la planta.

En esa impugnación, para evitar el despido de 524 trabajadores -y la hibernación ordenada de las cubas hasta el primer trimestre del próximo año-, están trabajando las asesorías jurídicas de los sindicatos y hoy está prevista una reunión con la autoridad laboral -Jefatura Territorial de Empleo en Lugo- para coordinar las actuaciones a desarrollar en los próximos días.

La idea es presentar la demanda judicial lo antes posible, dentro del plazo de veinte días hábiles tras la comunicación formal de la empresa, que el pasado viernes anunció su intención de ejecutar el ERE, despedir a 524 trabajadores y parar las cubas.

Además de impugnar judicialmente el ERE, el comité tiene previsto solicitar medidas cautelares para impedir que Alcoa pueda aplicar los despidos o parar las cubas de electrolisis antes de la celebración del juicio.

Entretanto, los trabajadores siguen con la huelga indefinida y controlan los dos accesos principales a la fábrica para evitar la salida de aluminio del complejo industrial de Cervo.

Además, después de la manifestación de los alumnos de secundaria del pasado domingo, el comité prepara nuevas acciones de protesta y anuncia que serán más contundentes.