El acusado de intentar matar a su pareja e hijo dijo que bebían "como animales" y se drogaban "como leones"

Negó los hechos y dijo que la denuncia viene motivada por una "relación tóxica" 

Vídeo

Ramudo

Tiempo de lectura: 5'Actualizado 12:30

El hombre que hoy se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo por intentar matar a su expareja y al hijo de ella, Luis Miguel S.V, negó los hechos que le imputa el ministerio fiscal, que pide para él 30 años de cárcel, y atribuyó la denuncia de la mujer a la relación “tóxica” ambos mantenían.

El ministerio fiscal sostiene que este vecino de Foz se presentó en la vivienda de su expareja y abrió los cuatro fogones de la cocina y las bombonas de butano que había en un calentador y en una estufa supuestamente con el objetivo de acabar con la vida de la mujer y de su hijo, porque nunca aceptó la ruptura de su relación sentimental.

El juicio comenzó hoy -día 12 de febrero- en la Audiencia Provincial de Lugo y el ministerio público le imputa al acusado los delitos de asesinato en grado de tentativa, robo, quebrantamiento de medida cautelar y daños, porque sostiene que el procesado entró en el piso de la víctima, donde robó y causó desperfectos, además de perseguir y de acosar de forma frecuente a la mujer, a la que le impedía “el libre ejercicio de su libertad”.

Según el fiscal, el acusado “se negó” a aceptar el final de “la relación afectiva” y, una vez que cesó la convivencia entre ambos, se dedicó a controlar los movimientos de su expareja, lo que provocó en ella una sensación de temor que la obligó a cambiar sus hábitos e incluso a pedirle a una compañera de trabajo que no la dejara sola.

Ante esa situación, el 15 de octubre de 2016, el Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro dictó una orden de alejamiento en la que se le prohibía al sospechoso acercarse a menos de 40 metros a su expareja, así como comunicarse con ella por cualquier medio.

Sin embargo, el 10 de marzo de 2017, fue condenado por sentencia firme del Juzgado de Instrucción número 2 de Viveiro, a ocho meses de prisión por un delito de quebrantamiento de esa medida cautelar.

Relación tóxica

Durante su declaración, Luis Miguel S.V negó que hubiese entrado en casa de su expareja el día de autos, el 30 de marzo de 2018, y también que hubiese abierto las bombonas de butano que había en la vivienda con la intención de acabar con la vida de su expareja sentimental y la del hijo de ella.

Reconoció, eso sí, que pasó por cerca de su casa “bastante cocido”, poco antes de las dos de la madrugada, porque llevaba “de vinos desde las ocho de la tarde”, pero no se percató de esa circunstancia hasta que ella le habló a él, porque iba en busca de su coche para marcharse a su domicilio.

El acusado aseguró que, a pesar de la orden de alejamiento decretada el 15 de octubre de 2016 por el Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro, mantuvo una relación con la supuesta víctima desde julio de 2011 hasta el mismo “día de ingresar en prisión”, el 31 de marzo de 2018.

De hecho, dijo que intentó cumplir esa orden de alejamiento, pero solo lo hizo durante “17 días, hasta que ella se presentó” para pedirle “perdón”.

Desde entonces, “quebranté diariamente” la orden de alejamiento “hasta el día de mi detención”.

Aseguró que la relación entre ambos continuó “a escondidas de su familia y de la Guardia Civil” y el contacto entre ambos se prolongó incluso cuando él estaba ingresado en prisión, porque la mujer lo llamaba “hasta cuatro veces al día”, llegó a “ingresarle dinero” e incluso saltaba “la valla” de su casa para interesarse por sus perros.

En todo caso, reconoció que la relación entre ambos era “tóxica”, porque ambos eran “adictos a la cocaína y alcohol”.

“Si bebíamos como animales y nos drogábamos como leones, discutíamos como fieras. Las resacas eran muy malas. Somos dos buenas víboras, el uno contra el otro”, dijo el acusado en la vista oral.

También aseguró que nunca quiso hacerle daño “al crío”, porque dijo que quería al niño “más que” a “muchos miembros” de su propia familia.

El fiscal insiste en su acusación

Sin embargo, el fiscal sostiene que el 30 de marzo de 2018 el acusado entró sobre las 00:30 horas en el piso de su expareja y, además de provocar varios desperfectos en la vivienda, se apoderó de diversos objetos de valor de la mujer, como joyas, unas gafas y un perfume.

A continuación, “con ánimo de acabar con la vida” de la mujer y de su “hijo menor de edad”, que vivía en el mismo domicilio, “abrió los cuatro fogones de la cocina de gas y las bombonas de butano de la cocina, el calentador y una estufa”.

El fiscal sostiene que, en ese momento, el acusado actuó con “pleno conocimiento y plena voluntad de que con su actuación” provocaría la “muerte” de su expareja y de su hijo en el momento en el que ambos llegasen al domicilio.

Subraya, además, que “existía una alta probabilidad de explosión en caso de que se accionara una fuente de ignición, como un mechero, un cigarrillo o un interruptor de luz, dando como resultado la muerte” de la mujer y del menor.

Finalmente, precisa el ministerio público, “no consiguió su propósito”, dado que cuando su expareja llegó a casa, alrededor de las 01:45 horas, “percibió el fuerte olor a gas”, por lo que cerró las bombonas de butano y los fogones abiertos.

Posteriormente, fue auxiliada por una patrulla de la Guardia Civil, que fue alertada por ella misma y por una amiga suya.

Esa misma madrugada, sobre las 01:50 horas, a pesar de la orden de alejamiento que le prohibía acercarse a ella a menos de 40 metros, el fiscal aclara que el acusado se dirigió a su expareja con ánimo de atemorizarla, mientras esperaba en el exterior de la vivienda la llegada de la Guardia Civil.

El ministerio público considera que estos hechos son constitutivos de un delito de robo en casa habitada, dos delitos de asesinato en grado de tentativa y un delito de quebrantamiento de condena, con los agravantes de parentesco, razones de género y reincidencia.

Por ello, pide para el acusado 30 años de prisión, la prohibición de acercarse a su expareja y a su hijo durante 17 años, una multa de 7.200 euros y que indemnice a la víctima con algo más de 2.000 euros por los daños causados en su vivienda y los objetos robados, así como que pague los daños provocados en el edificio, valorados 1.033 euros.

La representante de la acusación particular, la letrada Cecilia González, afirmó antes de entrar en el juicio que hay “pruebas evidentes” en la causa para condenar al acusado, por lo que se suma al ministerio fiscal en la petición de 30 años de cárcel, aunque pide que la prohibición de acercarse a la víctima o a su hijo sea por 20 años y una indemnización por daños morales de 6.000 euros.

Una coartada

El abogado de la defensa, Joaquín Gayoso, precisó que la acusación “tiene que demostrar” que su “patrocinado” fue quien abrió las bombonas de butano que había en la casa, si es que realmente estaban abiertas porque hay “discrepancias en las declaraciones”.

En ese sentido, aseguró que su cliente “tiene una declaración muy clara, varias más, pero una prueba testifical muy clara” en la que “se dice que en ese momento estaba en otro lugar” y, además, por parte de una “persona que señala que no lo conoce”.

El letrado precisó que no pedirá la libre absolución del acusado, porque sí reconoce el delito de quebrantamiento de condena.

Lo más

En directo

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Escuchar