El ministerio fiscal ha rebajado la petición de pena para el propietario del Club Eros, M.G.A, en el juicio por una de las piezas separadas de la Operación Carioca que iba a comenzar hoy en la Audiencia Provincial de Lugo, de modo que solicita tres años y medio de cárcel para el acusado por inmigración ilegal, prostitución coactiva, contra los derechos de los trabajadores y tenencia ilícita de armas.

Inicialmente, el ministerio fiscal pedía una pena de 26 años de cárcel por los citados delitos, pero en el acuerdo de conformidad al que llegó con la defensa del único acusado tuvo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, habida cuenta de que “proceso estuvo paralizado por causas no imputables” a M.G.A.

Además, el procesado tendrá que pagar también 4.000 euros de multa e indemnizar con 6.000 euros a las mujeres a las que obligó a ejercer la prostitución en su club.

En declaraciones a los medios de comunicación, el abogado que ejerció la defensa, José López, confía en que su cliente no tenga que regresar a la cárcel, dado que en su momento estuvo “19 meses” en prisión preventiva.

“Creemos que ya ha sido suficiente la pena sufrida durante la instrucción de la causa”, dijo el letrado, quien también confirmó que ya ha solicitado “la suspensión” de la pena de cárcel y “el abono” de los meses que pasó en previsión preventiva.

Desde su punto de vista, las “dilaciones indebidas” en el proceso han sido un aspecto “fundamental” para llegar a un acuerdo con el ministerio fiscal, porque aunque la defensa tenía “muy enfocado el fondo del asunto”, al final optó por “ser pragmática”, para que el acusado pudiese “pasar página y rehacer su vida”.

En ese sentido, recordó que esta pieza viene de le “macrocausa Carioca, por lo que han transcurrido doce años”, de modo que es “totalmente lógica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas”.

“La justicia, si es lenta, deja de ser justicia”, dijo el letrado.

En cuanto a los hechos que se juzgaban, se remontan al período comprendido entre los años 2006 y 2009.

El fiscal mantiene que las mujeres obligadas a prostituirse soportaban unas condiciones muy duras, dado que “carecían de cualquier derecho inherente a la actividad laboral, al no tener contrato de trabajo, ni seguros médicos. Descansaban únicamente un día a la semana” y “en caso de llegar tarde o de ausencia”, se les “imponía una multa”.

“Durante la menstruación” podían descansar “tres o cuatro” jornadas, pero “el resto de días” se veían obligadas a trabajar”, para lo que utilizaban “si era necesario, esponjas vaginales que vendían en el club”.

Además, durante la entrada y registro en el club Eros y en el domicilio del acusado, decretada el 16 de octubre de 2009 por Juzgado de Instrucción número 1, fueron halladas por parte de los agentes encargados de la operación dos pistolas con munición.