Sin justicia operativa y eficiente, la ley que impera es el caos.

En las últimas horas se ha hecho público el informe de la situación de la justicia en Galicia y arroja datos preocupantes: Galicia alcanzó en el año 2022 su máximo histórico de atasco judicial.

En cifras, 167.000 casos sin resolver, un 31 % más que en 2017, según se refleja en ese estudio. A Coruña es la ciudad con mayor número de asuntos en trámite, con una media de 966 casos atascados por juzgado en su partido judicial al cierre de 2022. Ourense es, por el contrario, la única ciudad de Galicia que ha reducido su atasco judicial en los últimos cinco años, aunque en niveles poco perceptibles para la ciudadanía, apenas un punto y medio porcentual. La ciudad de las burgas es una de las ciudades que tiene menor tasa de congestión de España. Aun así, más de 540 casos pendientes por juzgado.

¿Posibles soluciones? Judicatura o abogacía piden reformas profundas y advierten del riesgo de colapso. Hay despachos de abogados que no se pueden mantener abiertos con esta situación y quien lo paga, a largo plazo, es el ciudadano de a pie.

Los procuradores miran a Portugal e insisten en aplicar el modelo luso. Se trata de un cambio legislativo para incrementar sus competencias. En el país vecino se ha creado en 2003 la figura de agente de ejecución, que realiza notificaciones de sentencias o de embargos y creen que es perfectamente aplicable en España. Con este cambio estiman que se reduciría el atasco judicial en nuestro país en un 40% en 5 años.

José Antonio Fandiño, presidente del Consello Galego de Procuradores, decía en COPE que con esta modificación lo que ahora tarda meses se podría llevar a cabo el mismo día.

En las últimas horas, se han repetido las concentraciones en los juzgados de media Galicia. Los abogados protestan por las graves consecuencias que tiene esta paralización de la justicia. Este año las huelgas de letrados y paros de funcionarios han incrementado aún más la bola de nieve. La abogada Ana Camiño nos ponía en COPE Galicia un ejemplo muy gráfico: "Tiven un xuízo en febreiro de 2023 por unha denuncia de impago de pensións interposta en decembro de 2019. Que pasou con ese rapaz mentres o pai non pagou a pensión de alimentos?" Según Camiño las huelgas han puesto la guinda al pastel, pero los problemas vienen de muy atrás.

Los abogados del turno de oficio siguen denunciando su situación, la verdad es que es especialmente sangrante: perciben entre 250 y 400 euros por pleito, cuando hay pleitos que se prolongan varios meses, y sus pensiones, en muchos casos, no llegan a los 500 euros.

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