La Cocina Económica de A Coruña no se dedica solo a ofrecer el sustento básico de las personas en exclusión social. Uno de los servicios más importantes que desempeña es el de intentar buscarles un techo para evitar que duerman en la calle. En 2023, han tenido más peticiones de ayuda que nunca, de unas 700 personas que han pedido amparo a la entidad situada en la calle Orzán. Y, al igual que todas las entidades sociales, han percibido que buscar vivienda a personas en dificultades es cada vez es más complicado, por no decir imposible.

Oferta "inasequible" de habitaciones compartidas

La primera barrera son los ingresos que tienen estas personas, en caso de tenerlos. “Podemos hablar de 550 euros, un subsidio de desempleo son 480 euros. En este caso, el ingreso mínimo vital son 604 este año”, comenta Pablo Sánchez es el trabajador social de la entidad benéfica. Así las cosas, y ante la imposibilidad de asumir el precio de alquiler de un piso, la alternativa más habitual para estas personas es la de una habitación en un piso compartido.

Pero esto incluso se está convirtiendo en una quimera. “A día de hoy es harto complicado encontrar una simple habitación para alquilar en esta ciudad”, cuenta Sánchez. “El mercado de habitaciones incluso se está convirtiendo en inasequible para las personas que atendemos, por las condiciones, por los requisitos de acceso...”. Habla de “ fianzas de 300 euros para mensualidades de 300 euros, piden contrato de alquiler o nómina o seguro de impago”, algo que deja fuera a la población sin apenas recursos como las que pasan por la Cocina Económica.

Trasteros, la insólita alternativa al bloqueo del alquiler

Creen que la crisis de la vivienda en la ciudad ha tocado techo, especialmente desde mediados de 2023. Y entre las soluciones que se plantean, han detectado una preocupante: hay gente que duerme en trasteros ante la falta de habitaciones de alquiler disponibles.

"Hemos tenido constancia, sobre todo desde el año pasado, de personas que llegaron a alquilar trasteros en momentos puntuales para poder dormir, para poder pasar la noche”, dice Sánchez. Según cuenta, los inquilinos se meten “casi de madrugada” y salen “muy temprano” para evitar “ser identificados por ningún otro arrendatario”, ya que esta práctica es ilegal.

Apuesta por más vivienda pública

La solución, cuenta Pablo, es “tan sencilla como compleja de poner en marcha” y pasa por la construcción o habilitación de más vivienda de protección oficial, un modelo que, resalta, ha sido la clave en países del centro y el norte de Europa. La Ley de Vivienda de momento, “no lo promueve”, y el trabajador entiende que “no se puede limitar al tema de los alquileres, de si va a declarar zonas tensionadas. Debería de materializarse en un plan de construcción de vivienda de promoción pública”. De momento, esto solo es una “declaración de intenciones”.

“Es la única solución, no hay otra”, para “equilibrar” la oferta. “Si tú quieres quitarle tensión al mercado, tienes que equilibrar la oferta privada con la oferta pública”. Lo contrario, opina, es “especular”: Por ello, la demanda a las administraciones es doble: apuesta por vivienda pública y que venga acompañada con compromiso presupuestario y no solo verbal.