La Audiencia Nacional ha autorizado que Alu Ibérica LC, Alu Ibérica AVL e Iberian Green Aluminium Company entren en concurso voluntario de acreedores. Considera que es la "única vía" para la "protección" de los trabajadores de las fábricas que tenía Alcoa en A Coruña y Avilés.

En un auto de 23 de noviembre, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, ha explicado que acepta la petición del administrador judicial para que “solicite ante los Juzgados de lo Mercantil competentes la correspondiente declaración judicial de concurso voluntario de acreedores de las entidades". Según la magistrada, la medida supone "la única vía adecuada para protección del patrimonio, así como de los derechos de trabajadores y resto de acreedores de las mismas, con la seguridad jurídica que proporciona el procedimiento concursal y bajo la tutela del Juez del concurso".

INFORME DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL

El pasado julio, la instructora destituyó a los representantes legales de estas mercantiles y designó un administrador judicial. Este nuevo responsable de Alu Ibérica tenía que emitir en un plazo de dos meses un "informe sobre la situación respecto de la solvencia financiera real de las sociedades".

A la vista del informe presentado, se le requirió al administrador judicial que emitiera un nuevo texto formulando posibles propuestas de actuación "ante la crítica situación económica-financiera" que describía. Estas medidas estarían dirigidas a "la mejor salvaguarda de los derechos de los trabajadores, acreedores y cualquier otro perjudicado por los hechos investigados, así como el aseguramiento del patrimonio de las sociedades".

LAS ALEGACIONES DE ALU IBÉRICA

En aquel momento, la defensa de Alu Ibérica alegó ante el juzgado que la administración judicial causaría "daños irreversibles" para las plantas de A Coruña y Avilés. "No puede adoptarse una medida cautelar tan gravosa, dañina y desproporcionada como es la administración judicial, cuando faltan los indicios de delito, cuando falta por entero el presupuesto de apariencia de buen derecho en las tesis de las partes acusadoras, que toda la jurisprudencia exige para imponer la más radical medida de administración judicial", llegó a decir la compañía.

En este sentido, aseguró que no había indicios "ni prueba alguna de descapitalización ni de insolvencia". Sin embargo, los indicios de descapitalización son, precisamente, los que llevaron a la jueza a tomar la decisión de la intervención.

Las fábricas de A Coruña y Avilés pertenecían a Alcoa, que las vendió al fondo de inversión Parter. Este, a su vez, traspasó las instalaciones al Grupo Parter. Los sindicatos denunciaron las operaciones de los nuevos propietarios y la justicia acordó la intervención de las plantas.