¿Te han ocupado la casa? Extremadura se planta con un servicio urgente y gratuito de abogados

La Junta de Extremadura ha dado un paso firme frente a la creciente preocupación social por la ocupación ilegal de viviendas. Lo ha hecho mediante un convenio firmado con los Ilustres Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz, con el objetivo de ofrecer asistencia jurídica gratuita, profesional e inmediata a todas las personas que se vean afectadas por esta problemática en la región.

Este nuevo servicio, financiado inicialmente con 50.000 euros —25.000 para cada colegio profesional—, busca cubrir una necesidad urgente: ofrecer orientación y protección legal a propietarios legítimos que descubren que sus viviendas han sido ocupadas sin su consentimiento. El convenio tiene una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga hasta dos años más.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 145 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles en Extremadura. De ellos, 104 fueron denunciados directamente por personas que se sintieron víctimas o perjudicadas, y 24 personas fueron detenidas. El impacto de este fenómeno se traduce en inseguridad, miedo, procesos judiciales largos y una paralización de la oferta de viviendas en alquiler.

“Con este convenio queremos ayudar a garantizar el derecho a la propiedad privada, reconocido por el ordenamiento jurídico español, así como reforzar la seguridad jurídica y generar certidumbre en la ciudadanía”, expresó el consejero durante la presentación del acuerdo. 

Una red de abogados preparados para actuar… ya  

La gran novedad de este convenio es la creación de un turno de abogados especializados que prestarán asistencia urgente a las personas afectadas. Estos profesionales estarán disponibles tanto de forma presencial como a través de atención telefónica en horarios de mañana y tarde, de lunes a viernes.

Los ciudadanos que necesiten ayuda podrán contactar directamente con el abogado de guardia, quien analizará el caso, emitirá un criterio jurídico inmediato y orientará al afectado sobre las posibles soluciones legales. Si el caso lo requiere, se podrá concertar una atención presencial posterior, bajo coordinación del letrado responsable.

Además, los colegios han habilitado correos electrónicos específicos que estarán disponibles las 24 horas del día para recibir consultas online, lo que facilita el acceso al servicio a cualquier hora y desde cualquier punto del territorio extremeño. 

Más allá de los juzgados: mediación y sensibilidad social  

Aunque la ocupación ilegal es un atentado directo contra el derecho a la propiedad, desde las instituciones se ha insistido en no olvidar la dimensión humana del problema. Muchas veces, detrás de una ocupación hay realidades de exclusión social, precariedad, inmigración o monoparentalidad.

“No es un problema con una sola cara. Son muchas caras y muchas soluciones las que hay que dar. La respuesta no puede ser solo jurídica, también debe ser social”, subrayó Ildefonso Seller, decano del Colegio de Abogados de Badajoz.

Por eso, este nuevo servicio jurídico se coordinará con los equipos de trabajadoras sociales de la Junta, que en el último año han logrado recuperar 87 viviendas ocupadas mediante negociación directa, sin necesidad de desahucios. Solo en cinco casos fue necesario recurrir a lanzamientos judiciales, lo que demuestra que la intervención social temprana es efectiva cuando se trabaja con sensibilidad y firmeza. 

El impacto real: seguridad jurídica y más viviendas disponibles  

Una de las consecuencias menos visibles de la ocupación ilegal es el miedo que genera entre pequeños propietarios, muchos de los cuales deciden no alquilar sus viviendas por temor a no poder recuperarlas. Esto reduce la oferta de alquiler, eleva los precios y perjudica especialmente a los sectores más vulnerables, como jóvenes, familias monomarentales o trabajadores con bajos ingresos.

Este nuevo convenio busca romper ese círculo vicioso, ofreciendo certezas y apoyo legal a los propietarios. La Junta, en palabras del consejero, no va a "ponerse de perfil ante un problema que el año pasado afectó a más de un centenar de extremeños".