La guerra del tomate se agrava en Extremadura: los agricultores denuncian precios de ruina
Las industrias imponen un precio de 107 euros por tonelada, por debajo de los costes de producción, lo que pone en riesgo el futuro del sector
Almendralejo - Publicado el
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La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena, AGRYGA, ha expresado su indignación ante los nuevos contratos del tomate. Otro año más, denuncian, las industrias privadas han impuesto un precio de 107 euros por tonelada, una cifra que ya se demostró "ruinosa" en la campaña anterior y que pone a muchas familias "al borde del precipicio económico".
La organización agraria denuncia el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, ya que el precio fijado está por debajo de los costes. Según el observatorio de precios de la Junta de Extremadura, el coste medio de producción asciende a 114 euros por tonelada, cifra necesaria solo para cubrir gastos.
Riesgo de abandono del cultivo
El cultivo del tomate es muy sensible a la climatología, por lo que una producción elevada no está garantizada. Desde AGRYGA alertan de que una mala cosecha por segundo año consecutivo significaría la ruina del sector, después de que en 2023 muchas familias perdieran "en torno a 4.000 euros por hectárea", comenta en COPE Herminio Íñiguez, presidente de AGRYGA.
Esto significa el comienzo del fin del cultivo del tomate en Extremadura"
Presidente de AGRYGA
Los agricultores acusan a las transformadoras de aprovechar su "situación de debilidad y angustia". Señalan que las propias explotaciones de las industrias "están de trigo y no las van a poner de tomate, porque a esos precios prefieren que lo haga el agricultor y así ellos no se arriesgan". Advierten que esta situación puede significar "el comienzo del fin del cultivo del tomate en Extremadura".
Repartir los beneficios
Desde AGRYGA se propone como solución que las industrias privadas sigan el ejemplo de las cooperativas. Sugieren que se haga "partícipe a sus agricultores de los beneficios finales, reembolsándoles un rapel o sobreprecio". El objetivo, concluyen, es que haya un equilibrio y no se den casos en los que las industrias privadas obtienen ganancias a costa de la ruina de las familias.
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