Cáceres admite ante el juez que no puede arreglar el camino que aísla a sus vecinos

El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado que planteará al juzgado la imposibilidad de ejecutar la sentencia firme que le obliga a acondicionar el camino de Monte Almeida. La resolución judicial, que anulaba una decisión municipal de 2021, ordena al consistorio incluir esta vía en el catálogo de caminos públicos y garantizar su conservación.

A pesar de que el camino ya ha sido incluido en el inventario público y las obras de mejora fueron adjudicadas, los trabajos no han podido comenzar. La empresa responsable se presentó en la zona con la maquinaria necesaria, pero uno de los propietarios de la finca por la que transcurre la vía impidió el inicio de las labores.

Un “incidente de ejecución”

Ante esta situación, el consistorio ha decidido plantear un incidente de ejecución de sentencia. Según ha explicado Orgaz, "no hay posibilidad de ejecutar la sentencia tal y como solicita el juez", ya que los informes técnicos municipales confirman que es materialmente imposible en los términos actuales. Por ello, se pedirá al juzgado que "adopte una solución".

No hay posibilidad de ejecutar la sentencia tal y como solicita el juez"

Ángel Orgaz

Portavoz del gobierno en Cáceres

El equipo de gobierno insiste en su disposición para cumplir el fallo, pero subraya la complejidad de la situación. "La voluntad del equipo de gobierno y del ayuntamiento como administración es ejecutar la sentencia, pero no se puede ejecutar lo que no es materialmente posible ejecutar", ha recalcado Orgaz.

Vecinos aislados por el río

El arreglo del camino es una demanda histórica de los vecinos de la finca Cuartos del Baño, quienes se quedan incomunicados con frecuencia debido a la crecida del río Salor durante episodios de lluvias. La reparación de la vía les proporcionaría una ruta de evacuación segura cuando el acceso principal queda anegado.

El portavoz ha recordado que el actual equipo de gobierno, presidido por Rafael Mateos, "ha sido el único que ha movido ficha para solucionar una problemática" que afecta a unas viviendas que, en su mayoría, son segundas residencias y se encuentran fuera de ordenación urbanística.

Así las cosas, el asunto vuelve al juzgado, que tendrá que pronunciarse y adoptar una solución definitiva. Mientras tanto, los vecinos lamentan que, tres años después, el conflicto vuelva a estar judicializado sin una resolución a la vista.