La Fiscalía de Extremadura ha trasladado a los juzgados correspondientes el caso de dos alcaldes y un concejal del PSOE de Extremadura por una "evidente vulneración" del protocolo de vacunación frente a la Covid-19, que "contraviene la legalidad vigente" y que incluso "podría ser constitutivo de delito", en concreto de "prevaricación y/o falsedad documental".

En concreto, se trata del alcalde de Valverde del Fresno, Amalio Robledo Rojo; la alcaldesa de Higuera de la Serena, María Triviño Portalvo, y el concejal de Olivenza Ramón Jiménez Saavedra, ante los que la Fiscalía ha remitido las diligencias correspondientes a los juzgados territorialmente competentes "formulando las correspondientes denuncias, a fin de que los hechos sean debidamente investigados".

Así se recoge en un decreto elaborado por la Fiscalía de Extremadura, en respuesta a un escrito trasladado por Podemos a este órgano, en el que alertó del caso de cinco cargos públicos del PSOE, de los que ha archivado dos y continúa con la causa en los juzgados para tres de ellos.

La portavoz de Podemos en Extremadura, Mavi Mata, ha informado de la recepción de este decreto de la Fiscalía, en el que se recoge que en estos tres casos "formaba parte de las plantillas" de los centros residenciales de mayores de titularidad pública "ni trabajaba en ellos", por lo que "su inclusión en los listados oficiales de vacunación remitidos a las respectivas áreas de Salud del SES contraviene totalmente el protocolo de vacunación", señala la Fiscalía.

Además, añade que "la excusa de acogerse para ello a su supuesta categoría profesional de personal directivo no puede aceptarse", ya que según argumenta la Fiscalía en su escrito "es obvio que el simple hecho de ser alcalde o concejal, por mucho que en algún caso la residencia fuese de titularidad municipal, no convierte a tales cargos políticos en directores de dichas residencias".

También señala la Fiscalía que "la eventual responsabilidad penal alcanzaría no sólo a los citados cargos políticos, sino a las personas que les incluyeron indebidamente en las listas oficiales de vacunación remitidas al SES".

Por otra parte, cabe destacar que la Fiscalía descarta el caso de la directora del Centro sociosanitario de Plasencia, Soraya Cobos, porque "no se observa ninguna vulneración del protocolo", y en el caso la gerente territorial del Sepad de Badajoz, Monserrat Rincón, porque "previamente estaba siendo investigada por la Fiscalía Provincial de Badajoz", explica la Fiscalía.

La denuncia la interpuso Unidas Podemos el pasado mes de enero tras publicarse en los medios de comunicación estas vacunaciones sospechosas, como la del alcalde de Valverde del Fresno que te adelantamos en la cadena COPE. También COPE te adelantó el cambio en el protocolo de vacunación que llevó a cabo el Gobierno de la Junta de Extremadura a mediados de enero.

VALORACIÓN PODEMOS

Tras recibir este escrito, la portavoz de Podemos Extremadura ha valorado que "la justicia, inicialmente, nos da la razón", tras lo que a señalado que "si se confirma lo que dice la Fiscalía, estos serían delitos graves y no podemos dejar que queden impunes".

Mata ha criticado la "forma caciquil de ostentar cargos públicos, tan común en Extremadura, en la que algunos creen tener derecho a ciertos privilegios por el simple hecho de tener un cargo de representación pública no puede seguir dejándonos impasibles", ha dicho.

Así, ha calificado de "muy grave" que cargos políticos del PSOE en Extremadura "se salten el protocolo de vacunación, que se cuelen, mientras nuestros mayores han tenido que esperar para vacunarse", tras lo que ha lamentado que "una vacuna que se pone un político saltándose el protocolo de vacunación es una vacuna que llega tarde para una persona mayor".

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"Nosotras entendemos que utilizar un cargo público, presuntamente, para saltarse el protocolo de vacunación es corrupción, y es de la peor", ha señalado Mata, quien ha apuntado que "pone en riesgo vidas de personas vulnerables que debían ser vacunadas antes o de personas que estaban en primera línea como sanitarios o personal de apoyo a personas dependientes que tenían un riesgo mayor de contagio".