Una pareja reserva una vivienda en Badajoz, gana dos juicios… y descubre que se la vendieron a otra persona
El conflicto comenzó cuando se negaron a aceptar una subida en el precio y ahora el caso está en el Supremo, tras cuatro años de batalla judicial
Badajoz - Publicado el - Actualizado
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En marzo de 2021 comenzó la historia. Una familia —Marcos, su mujer y sus hijos— decidió buscar un nuevo hogar. Vivían en San Fernando (Badajoz) y, a solo 800 metros de su casa, empezaron a levantar un edificio en la zona de Entrepuentes que les gustó.
Tras interesarse por la promoción y acudir a la inmobiliaria, decidieron dar el paso y comprar un inmueble, un bajo con plaza de garaje y trastero valorado en 221.000 euros más IVA. Para ello firmaron un contrato de reserva, entregando una señal a cuenta con la previsión de formalizar después el contrato de compraventa.
Los meses comenzaron a transcurrir. La construcción avanzaba, pero, tras varios intentos fallidos de contactar con la agencia por vía telemática, decidieron acudir personalmente a las oficinas. Allí, según relata Marcos, comenzó la “pesadilla”.
Nos dijeron que había ocurrido un problema. Que el precio de la vivienda había subido en 17.000 euros por los costes de la guerra en Ucrania”
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Ante esa situación, pusieron el caso en manos de su abogado y, en junio de 2022, interpusieron una demanda por incumplimiento de contrato.
Resolución favorable
Ganaron el juicio en primera instancia, por lo que la empresa recurrió ante la Audiencia Provincial de Badajoz. Este tribunal también les dio la razón. El problema, denuncian, es que durante la espera de esta segunda resolución vendieron el piso a otras personas.
El mismo día que la Audiencia nos dio la razón, ellos estaban firmando la hipoteca con otros nuevos inquilinos”
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Tras esa sentencia de la Audiencia, y pese a que el objeto del litigio ya no existía porque la vivienda había sido transmitida, la parte contraria interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. A día de hoy, la familia sigue a la espera de que se resuelva.
“El objeto del procedimiento ya no existe. Si el Supremo tampoco les da la razón, no tenemos vivienda ninguna porque la han vendido”, lamenta. Por este motivo han presentado una querella criminal contra los responsables por un presunto delito de alzamiento de bienes.
“Estamos en desamparo”
Marcos denuncia el desamparo judicial al que se sienten expuestos. Reconoce que no sabe qué pasará: “Hemos ganado todos los juicios y ellos siguen recurriendo. Llevamos cuatro años con esto”.
A la fatiga se suma el coste económico del proceso. “Hay 800 metros de mi vivienda a la que íbamos a comprar. Lo ves crecer con ilusión, vas paseando y lo vas viendo. Esa ilusión no era solo por nosotros, también por nuestros hijos”.
No quiero que me den dinero ni que el juez les condene a pagar. Yo lo que quiero es mi casa”.
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Asegura que se sienten como en la lucha de “David contra Goliat”, aunque reconoce que han seguido adelante porque creen que la justicia está de su parte: “Nos la ha dado en dos ocasiones”.