El juez paraliza la orden de cierre de los 3 restaurantes de la Marina de Valencia

Recurrirán los acuerdos acordados por el consistorio, ordenando el cierre y la adjudicación a una organización sin ánimo de lucro y a la Autoridad Portuaria de Valencia para el inicio de la licitación.

Marina de Valencia

Europa Press

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Isabel Moreno

Valencia - Publicado el

2 min lectura

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Valencia ha acordado suspender el cese de actividad de los Restaurantes Destino Puerto, Camarote y Dos Lunas ordenado por el Ayuntamiento de Valencia en la segunda prórroga concedida por considerar que deber ser la vía civil quien formule tal orden de cierre y, además, indica que “cuando el bien de esta titularidad no esté destinado a un interés público no procede ordenar un desahucio administrativo porque son bienes de naturaleza patrimonial. Con lo cual han estimado nuestra petición de suspensión”, según ha afirmado el portavoz del despacho de abogados Chapapria-Navarro&Asociados, Juan Chapapria.

Con la decisión del juzgado de lo contencioso queda nulo el desalojo contemplado en la concesión de la prórroga así como carecen de sentido las manifestaciones de los responsables del equipo de gobierno de que el 31 de mayo deberán cerrar los tres restaurantes.

Las instalaciones seguirán abiertas y atendiendo a sus clientes, así como los compromisos adquiridos con anterioridad y aquellos que se puedan alcanzar para celebrar sus fines contemplados en la licencia. Los locales se reservan el derecho de exigir indemnizaciones en el caso de los supuestos de suspensiones originadas por incluir y difundir la orden del cese de actividad, según el mismo portavoz.

Chapapria añade que “será el juzgado de lo civil quien conforme a dicha normativa quien acuerde las consecuencias del incumplimiento de la entrega del local, en el caso, de que se considere por el juez de lo civil, que no procede la prórroga del arrendamiento. Lo cierto es que la prerrogativa de recuperar de oficio por el ayuntamiento alguno de los tres locales no se contempla porque son bienes patrimoniales”.

Además, las denuncias de la Policía Local carecen de fundamento administrativo ante la suspensión del cierre y desde el despacho de abogados se recurrirán los acuerdos acordados en la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Valencia ordenando el cierre y la recuperación de los mismos adjudicándolos a una organización sin ánimo de lucro y a la Autoridad Portuaria de Valencia para el inicio de la licitación. Otrora cuestión es valorar la presentación de demanda en vía civil frente a la denegación a la petición de la tercera prórroga por el ayuntamiento. 

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